El Gobierno regulará el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos «en los próximos días»

Después de la reunión, el Gobierno ha confirmado este domingo que regulará el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos. Una orden ministerial que están «estudiando» y que llegará «en los próximos días» . Comunidades Autónomas como Madrid o Cataluña llevaban varias semanas reclamando esta medida.

«Este es un Gobierno que escucha», han expresado la ministra portavoz, María Jesús Montero , y el ministro de Sanidad, Salvador Illa , que han comparecido en rueda de prensa al término de la Conferencia de Presidentes para informar de su contenido. El uso obligatorio de mascarillas ha sido una petición «unánime» entre las regiones. «Es una medida que el Ministerio de Sanidad estaba estudiando y la regulará en los próximos días », ha explicado Montero.

El Gobierno también informó de eliminará las franjas horarias en los municipios con menos de 10.000 habitantes independientemente de la fase en la que se encuentre su provincia o área sanitaria. La decisión llega después de «escuchar a las regiones», han explicado, y sobre todo después de las críticas de las zonas rurales del país. «Queremos adaptar la desescalada a la España rural», ha expresado Illa.

Durante la reunión, la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayus o acusó al líder del Ejecutivo de «despreciar» a Madrid después de no responder a ninguna de las seis preguntas que realizó durante su turno de palabra. Ayuso le preguntó concretamente por qué el informe llegó antes a un medio de comunicación que a la Consejería de Sanidad. El ejecutivo madrileño había advertido de llevar al Gobierno central a los tribunales por no mostrarles el informe técnico.

El sábado ese documento que firma el Ministerio de Sanidad llegó como por arte de magia a las manos de la prensa. Sánchez esquivó aclarar la polémica esa misma tarde en su rueda de prensa: «No conozco el minuto exacto en el que Sanidad envía los informes», atajó, breve. Pero tampoco le aclaró a Ayuso qué había pasado . Lo que no solo indigna a la administración madrileña sino también al Partido Popular nacional, líder de la oposición, que ya ha señalado que no apoyará la nueva prórroga.

La presidenta madrileña también advirtió al Gobierno de estar «arruinando» a su región. El PP insiste en que «Madrid cumple con todos los criterios» y temen que la región «quiebre» si continúan en la fase de salida. El ministro de Sanidad, Salvador Illa , no quiso combatir los reproches de la oposición : «Gobierno y regiones jugamos en el mismo equipo, simplemente decir que salvando vidas, salvamos empleos y salvamos empresas», apuntó. La estrategia del presidente pasa por no confrontar con las regiones. Un papel que está asumiendo el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias , particularmente crítico con Madrid.

Autonomías de distinto signo político insisten en que siguen sin conocer qué equipo redacta los informes y si a todas las provincias se les exigen los mismos requisitos. El Gobierno asegura que así es, pero no hay papel que lo avale. Ayuso tampoco obtuvo respuesta de Sánchez al preguntar por esta opacidad en las evaluaciones. No obstante, Illa explicó que los informes sí se publicarán «cuando todas las provincias hayan llegado a la fase 1».

El resto de líderes del PP estuvieron más sosegados, aunque volvieron a poner sobre la mesa sus exigencias. Coincidieron sobre todo en que se acuerden cuanto antes los criterios de reparto del Fondo Extraordinario de 16.000 millones no reembolsable que el Ejecutivo entregará a las comunidades. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, reclamó que se fijen este mes los criterios para la distribución de la partida, así como que el Gobierno coordine con las regiones la aplicación de la renta mínima que supuestamente va a aprobar en los próximos días.

En esta línea intervinieron también el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno , y su homólogo en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco , que pidieron convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para acordar una «fórmula de consenso» entre todas las Comunidades Autónomas. «Andalucía está preocupada por los cambios de criterio del Gobierno sobre la consideración del gasto sanitario», señalan fuentes de la Junta. Por su parte, Mañueco manifestó su rechazo a mantener la alarma. «Hay que buscar una fórmula jurídica intermedia que garantice el confinamiento y la limitación de movilidad», le dijo a Sánchez.

El Gobierno negocia con todos los grupos parlamentarios, «menos aquellos que se auto excluyeron, que son Partido Popular y Vox», dijo Montero. Después del «no» de ERC en la cuarta votación, parece que ahora se abren a abstenerse. Lo que garantizaría la prórroga sin necesidad del apoyo de Cs. Pero no es gratis: ERC supedita su cambio a retomar la mesa de negociación. Sánchez pide desligar una cosa de la otra y sigue ofreciendo «cogobernanza».