El Gobierno recurrirá la sentencia de la Audiencia Nacional que anula la congelación salarial impuesta en 1997 a los funcionarios

La Audiencia Nacional ha anulado la congelación salarial que los funcionarios tuvieron en 1997 y obliga a pagar el incremento retributivo correspondiente a dicho año y las cantidades dejadas de percibir en años sucesivos. La congelación fue acordada por el Gobierno de Aznar nada más llegar al poder y estuvo motivada por la necesidad de sanear la economía a efectos de lograr la entrada en el euro y la convergencia con Europa.

MADRID. J. L. Lorente / N. Colli
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Una sentencia de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional -con fecha del 7 de noviembre de 2000- ha estimado el recurso interpuesto por la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras contra la resolución que el 19 de septiembre de 1996 firmó el entonces ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy. En dicha resolución, el Gobierno acordaba la congelación salarial de los funcionarios para 1997.

A pesar de que la sentencia dice explícitamente que contra el fallo no cabe recurso de casación, en un comunicado del Ministerio de Administraciones Públicas, el Gobierno anunció anoche que recurrirá esta decisión ante la Audiencia Nacional.

El fallo ordena a la Administración a que proceda a llevar a efecto en «el menor plazo posible» las negociaciones con los sindicatos sobre el incremento retributivo que dejaron de percibir los funcionarios.

La Sala estima que la Administración incumplió en 1996 el acuerdo que dos años antes suscribió el Gobierno socialista con los sindicatos representados en la Mesa General de la Función Pública. Según establecía ese acuerdo -firmado[TEXTO] en 1994 por el entonces ministro de Administraciones Públicas, Jerónimo Saavedra-, «las retribuciones de los empleados públicos para 1996 y 1997 experimentarán un incremento según la previsión presupuestaria del crecimiento del IPC para dichos ejercicios».

Para proceder a la congelación salarial, el Gobierno se basó en argumentos relativos al interés social y en el punto 5 del anexo del acuerdo de 1994: «Las retribuciones de los empleados públicos se vinculan a la evolución de las magnitudes económicas y al cumplimiento de los objetivos que, expresados en el Programa de Convergencia, se recojan en los Presupuestos Generales del Estado».

El Ejecutivo del PP se refería a que la necesidad de alcanzar el saneamiento de la economía española, a efectos de lograr la convergencia con Europa, hacían necesario el incremento cero en las retribuciones de los funcionarios. En esos momentos -septiembre de 1996-, España no cumplía ninguno de los requisitos para la entrada en la zona euro. Dos años después, nuestro país fue socio fundador de la moneda única europea.

La Sala no acepta los argumentos del Ejecutivo, «precisamente porque tanto el Gobierno como las Cortes y las Administraciones Públicas se encuentran sometidos a la Constitución y el resto del ordenamiento» jurídico en la consecución y cumplimiento de los intereses públicos.

Por ello, la Audiencia Nacional anula la congelación y declara el derecho de los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación del acuerdo de 1994 a percibir un incremento en su retribución, según la previsión de crecimiento del IPC en 1997, más las cantidades dejadas de percibir durante los años sucesivos.

CC.OO., por su parte, aplaudió el fallo, ya que «da la razón legal las reivindicaciones mantenidas por los funcionarios», que motivaron una huelga general en las Administraciones Públicas en diciembre de 1996. Según este sindicato, el fallo «no sólo reconoce como fraude la actitud del Gobierno, sino que, además, repone en sus derechos a dos millones de empleados públicos».

La central sindical considera que la sentencia es «capital», ya que implica que todas las retribuciones de los empleados públicos debieron incrementarse en un 2 por ciento en el año 97. Según cálculos de CC. OO. referidos a la Administración General del Estado, el coste para el Gobierno será de 120.000 millones de pesetas. El total, teniendo en cuenta al resto de administraciones. según el sindicato, se elevará al medio billón de pesetas.

COMUNICADO DEL EJECUTIVO

«Sin merma alguna del respeto que todas las resoluciones judiciales merecen al Ejecutivo tanto el fallo como la doctrina sentada en esta sentencia pueden comportar, de confirmarse, una seria restricción a la potestad legislativa de las Cortes Generales en la aprobación de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Ante la trascendencia de este pronunciamiento jurisdiccional y previo al parecer de la Abogacía General del Estado, se han dado instrucciones al Servicio Jurídico ante la Audiencia Nacional a fin de que interponga el oportuno recurso de casación por entender que la sentencia trasciende a una mera cuestión de personal, en cuyo caso no cabría el recurso.

Por último, es importante señalar la existencia de un voto particular discrepante del fallo y la doctrina que contiene dicha sentencia.»