El Gobierno recurrirá el fallo sobre funcionarios «en defensa de la separación de poderes»

El Gobierno anunció ayer que agotará «todas las posibilidades legales que tenga en su mano», incluido el recurso de casación ante el Tribunal Supremo, contra la sentencia de la Audiencia Nacional que anula la congelación salarial de los funcionarios en 1997 y «en defensa de la separación de poderes», según señaló ayer el vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy.

MADRID. J. L. L. / N. C. / M. C.
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Para el vicepresidente primero del Gobierno la sentencia de la Audiencia Nacional supone una «ruptura de las reglas del juego tremenda», porque «priva a las Cortes Generales de una función básica, como es la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y al Gobierno de la facultad de fijar una determinada política económica». Aunque la sentencia dice que no cabe recurso de casación, Rajoy reiteró que el Gobierno lo presentará.

«Nunca había visto una cosa igual». Con estas palabras Rajoy expresaba la indignación y el estupor con que el Gobierno ha recibido una sentencia de la Audiencia Nacional que, en su opinión, «no tiene ningún sentido» y crea un conflicto entre el Parlamento, «que es quien aprueba los Presupuestos», y el Poder Judicial. Rajoy consideró que esta sentencia dejaría con las manos atadas a un Gobierno si el Ejecutivo precedente pactara con los sindicatos una subida salarial a varios años vista.

Rajoy señaló que el Gobierno tomó en su día la decisión de congelar los salarios de los empleados públicos «para cumplir con los requisitos de la Unión Económica y Monetaria», pero insistió en que el sueldo de los funcionarios «lo fijan las Cortes, y el problema de la sentencia es que dice que las Cortes no pueden hacer eso».

Por su parte, el ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, afirmó ayer que, sin la congelación salarial del año 1997, «hubiera sido mucho más difícil la entrada de España en la zona euro». Posada afirmó que la decisión adoptada entonces por el Gobierno «era una condición indispensable para reducir el déficit público, rebajar la inflación y los tipos de interés y, en definitiva, cumplir los requisitos de Maastricht».

El ministro de Administraciones Públicas afirmó que en septiembre de 96 sí hubo negociación con los sindicatos, aunque, «lamentablemente», no se llegó a acuerdos. Según explicó Posada, el Ejecutivo ofreció a los representantes sindicales de los funcionarios una serie de contrapartidas de carácter estructural, como estabilidad en el empleo, a cambio del incremento cero en las nóminas. «Los sindicatos no lo aceptaron y se tuvo que tomar la decisión dolorosa de la congelación salarial. Una decisión dolorosa, pero necesaria, ya que España necesitaba una prosperidad económica que se ha conseguido con la entrada en la zona euro y de la que se han beneficiado todos los trabajadores públicos», afirmó Posada.

También el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, afirmó ayer en Toledo que la sentencia significa «una severa restricción de la capacidad legislativa de las Cortes». Montoro indicó a los sindicatos que si el Ejecutivo tiene que pagar alguna cantidad tras el fallo de la Audiencia «van a ser los trabajadores españoles los que van a acabar pagando esa cifra». En este sentido, añadió que desde el Gobierno «tenemos la voluntad de que los trabajadores paguen menos impuestos», pero la Administración central «no tiene fondos de reserva para estas situaciones», por lo que serían los contribuyentes los que tendrían que «pagar estas cosas».

Respecto a la presentación del recurso de casación, fuentes gubernamentales consideran que la sentencia de la Audiencia Nacional no se refiere a cuestiones de personal que afectan a una sola persona o a un grupo reducido (en cuyo caso no sería recurrible); la sentencia, afirman, afecta a un acuerdo Administración-sindicatos que tiene carácter general, lo que significa que «estamos más bien ante algo similar a una disposición de carácter general que, por lo tanto, según la doctrina aceptada del Supremo, es susceptible de recurso».

RECURSO DE CASACIÓN

Fuentes judiciales recordaron, por su parte, que el Gobierno podría presentar un recurso de casación «en interés de ley». Este mecanismo está previsto en el artículo 100 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa «para aquellas sentencias que no sean susceptibles de los recursos de casación» y para los casos en los que se estime que la resolución dictada es «errónea» y «gravemente dañosa para el interés general».

Mediante este recurso, que habrá de interponerse ante el Tribunal Supremo, «únicamente podrá enjuiciarse la correcta interpretación y aplicación de normas emanadas del Estado que hayan sido determinantes del fallo recurrido»; en ningún caso se podrá modificar el fallo.