El Gobierno pagará con fondos europeos la digitalización de archivos franquistas

« Los trabajos a realizar, relacionados con los procesos archivísticos de descripción y digitalización , que no puedan ser asumidos por los técnicos de las plantillas orgánicas de los archivos correspondientes serán realizados durante los ejercicios 2021 a 2023 con cargo a la aplicación presupuestaria 24.05.332A.227.06, así como al Programa C.24.I3.P5.1a. del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia», reza la respuesta remitida por Moncloa a los populares. Indica también que la digitalización de los archivos franquistas ha sido incluida como parte del plan de descripción y digitalización de los archivos estatales. Según fuentes socialistas, su cargo a las ayudas europeas está justificado porque un objetivo de estas es «impulsar la transformación digital». Para el PP, en cambio, «es un ejemplo» de en qué no deben gastarse los fondos europeos. Un caso que sigue al millón de euros que recibirán cien autores para viajar al extranjero también destapado por este periódico

En declaraciones a ABC, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, cree que día a día se «refuerza nuestro planteamiento de un organismo independiente que gestione los fondos frente al clientelismo y el uso político» del Gobierno. La dirigente popular también advierte a Moncloa que su grupo controlará el destino de «cada euro» de ayudas que sea gastado.

Y es que aunque una de las prioridades de los fondos europeos es, efectivamente, la transformación digital, ésta debe actuar como impulso económico adicional para recuperar la actividad previa a la pandemia más rápidamente. Un objetivo al que dudosamente puede contribuir la digitalización de los archivos de la represión franquista. El propio plan de recuperación, transformación y resiliencia presentado por Pedro Sánchez recoge que la digitalización del país persigue «alcanzar, deforma estructural, una transformación y modernización real de la economía». Y ello garantizando «la accesibilidad del conjunto de la sociedad, impulsando la digitalización de la empresa -especialmente pymes y startups -y la industria, la I+D+i, y la capacitación digital de la población».

Nada de ello tiene que ver con el franquismo. De hecho, cuando el Gobierno anunció que digitalizaría los archivos de la represión no destacó que tuvieran impacto para la economía sino su efecto como herramienta de reparación para las víctimas, dado que la búsqueda y consulta de los archivos, al encontrarse en papel y dispersos, es extremadamente complicada. «Los documentos que integran estos fondos pueden ser de gran valor para l a obtención de información , para la reparación de las víctimas e incluso para la obtención de indemnizaciones y reconocimientos por parte de los herederos», recogió el convenio firmado el pasado mes de mayo por Cultura y Presidencia, cuando Carmen Calvo aún pilotaba ésta última cartera.

La digitalización de los citados documentos se llevará a cabo entre este año y 2023. Son unos 800.000 archivos y fichas de represaliados por la dictadura entre los años 1937 y 1967. Actualmente se encuentran custodiados en diferentes archivos de titularidad estatal y gestión directa del ministerio que ahora encabeza Miquel Iceta. Son bienes del Patrimonio Documental e integrantes del Patrimonio Histórico.

Entre ellos se encuentran los registros de la antigua Dirección General de Prisiones o las Juntas Provinciales de Vigilancia Penitenciaria y Libertad Provisional. A esta primera operación de digitalización seguirá una segunda para los registros de otros organismos franquistas como la Comisión Nacional de Incautación de Bienes, el Tribunal Nacional de Responsabilidades Política y el Tribunal para la Represión de la Masonería.

La respuesta de Moncloa al PP se produce después de que la diputada popular Soledad Cruz-Guzmán preguntara el pasado 15 de junio al Gobierno cuánto dinero preveía invertir en la digitalización de estos archivos y con cargo a qué partida pensaba financiarla. Los populares y también Ciudadanos llevan meses advirtiendo del riesgo de que se produzca un mal uso de las ayudas, por la falta de un organismo independiente que las gestione y la retirada de controles en la ejecución del gasto. El Consejo de Estado emitió en su día un duro informe sobre ello al examinar el decreto-ley redactado por el Gobierno para regular la utilización de los fondos. Pero fue desoído por el Ejecutivo socialista.