El Gobierno no sabe cómo pagará en 2012 el «cheque electoral» de mil millones

El Gobierno se ha metido en un callejón sin salida con los funcionarios. Cuando en 2009 asumió el compromiso de regularizar en el primer trimestre de 2012 el IPC de los años 2010 y 2011, no calculó bien el efecto que iba a tener la crisis económica en las arcas del Estado. Entonces, no dudó en firmar un documento por el que tendrá que pagar unos 500 euros por funcionario, en total más de mil millones de euros, de acuerdo con las cuentas del PP; hoy, según las fuentes consultadas por ABC, no sabe realmente cómo afrontar este gasto.

Esa es la gran duda que tiene el equipo de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que fue quien asumió las competencias de Función Pública en la última remodelación del Gobierno de Zapatero. La preocupación ante la imposibilidad de cumplir con este pago va en aumento en el entorno de De la Vega, que incluso reconocen que, a día de hoy, no se ven capaces de abonar este pago, «ya que hay un problema de dinero».

Pero la realidad es que éste fue un compromiso firmado con los sindicatos, que está obligado a cumplir. Las fuentes consultadas señalan que el incumplimiento de este punto del acuerdo con los sindicatos, que desbloqueó la negociación del Gobierno con los representantes de los trabajadores, puede terminar dañando unas relaciones que Fernández de la Vega consiguió recomponer. Precisamente, quizás este interés por evitar un enfrentamiento con los tres millones de funcionarios le empujó a firmar este polémico punto del acuerdo.

Las dudas que sostiene el Gobierno aparecen justo en el momento en que está intentando reconducir el diálogo con los funcionarios, dañado después de que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero aprobara la Oferta de Empleo Público sin negociar con los representantes de los funcionarios. A pesar de tener abierta varias mesas de negociación, el Gobierno dio la espalda a los trabajadores y actuó por libre, amenazando la luna de miel que mantenía con los sindicatos.

Para intentar aclarar la situación, responsables de Función Pública han mantenido reuniones con los sindicatos, que están dispuestos a dar una nueva oportunidad al Gobierno. Una actitud positiva que responda más a sus deseos de que el Ejecutivo apruebe a lo largo de este año la Ley de la Administración General del Estado, y ello no será posible sin que finalicen los trabajos de las mesas de negociación abiertas para consensuar una reforma pendiente. El nuevo texto debería estar aprobado en septiembre para continuar su tramitación parlamentaria.

Precisamente, para impulsar esta negociación, la vicepresidenta primera cambió el pasado 26 de febrero a su equipo, al sustituir a la secretaria general de Función Pública, Carmen Gomis, por Consuelo Rumí. La mayor vinculación sindical de Rumí, fundamentalmente con UGT, es la clave para el cambio, ya que a partir de ahora habrá que tener más mano izquierda para conseguir el acuerdo.