El Gobierno mete prisa al TC para que no sentencie el Estatuto en campaña

El Gobierno lanzó ayer una sutil advertencia al Tribunal Constitucional (TC) para que no emita su sentencia sobre el Estatuto de Cataluña durante los meses de campaña electoral en esa Comunidad, septiembre y octubre, porque interferiría en el debate. La no injerencia en el calendario político ha sido «siempre» una práctica no escrita de todo tribunal, recordó María Teresa Fernández de la Vega. «Los tribunales han respetado siempre las campañas electorales, No hay que pedir nada (al Constitucional), es una costumbre inveterada. Desde que estamos en democracia se ha respetado», recalcó la vicepresidenta primera, que espera un fallo «pronto». Según publicó ABC el domingo, éste podría estar en la segunda semana de abril y declararía inconstitucionales una veintena de artículos, entre ellos varios sobre aspectos nucleares del Estatuto. Otros se resolverían por la vía de interpretación.

Y ese es el problema para el PSC y para el Gobierno: que cualquier sentencia, por pocos artículos que revise, siempre supondrá recorte competencial y anulación o retoque de alguna de las 32 leyes aprobadas bajo amparo del estatuto desde 2006. Un escenario endiablado que movilizará al electorado nacionalista aún más de lo que pronostican las encuestas, todas malas para el PSC. Por eso los socialistas quieren la sentencia antes de las vacaciones, lo más alejada de la fecha electoral o, si no, ya en noviembre, una vez celebrados los comicios. En algunos círculos ha empezado a cundir la alarma tanto como para justificar abiertamente el adelanto de las elecciones a mayo o junio. Algo sobre lo que, de momento, Montilla no dice nada aunque ayer diera señal de que él ya está en campaña: anunció la elección de Jaume Collboni como director de campaña.

«Entender» el retraso

Ayer, la vicepresidenta De la Vega también echó un capote al TC al pedir al poder político «respeto para los tiempos» de ese alto tribunal, que lleva tres años y medio deliberando sobre los recursos presentados contra el Estatuto de Cataluña. «Entiendo perfectamente que todos los ciudadanos reclamamos una justicia más ágil, pero hay determinados asuntos que llevan más tiempo», señaló la vicepresidenta. El Ejecutivo insistió en que no va a decir nada sobre el fondo de la cuestión porque teme que la precaria mayoría (6 votos a favor de la sentencia y cuatro votos particulares) pueda venirse otra vez abajo, como ha ocurrido otras veces desde hace año y medio. De la Vega insistió en que el texto es plenamente «legítimo» en términos democráticos por haber sido aprobado en Cortes y debe ser aplicado con «absoluta normalidad» por todos los poderes del Estado.