El Gobierno lleva al TC la ley de ruptura: «Es la mayor amenaza contra la convivencia de la sociedad española»

El documento impugnado, sostiene el Gobierno en su recurso, constituye «la mayor afrenta y amenaza de destrucción de las normas de convivencia que la sociedad española se dio en 1978 , consagradas en la Constitución y que han dado al conjunto de la sociedad española los mayores niveles de desarrollo y bienestar de su historia, y supone al mismo tiempo el mayor ataque concebible a los valores de los Estados Democráticos de Derecho de los que España forma parte».

En el recurso se afirma que los 71 diputados que aprobaron la ley de Transitoriedad «han abusado de forma descarada del Parlamento de Cataluña para fines espúreos, violando su carácter de institución democrática estatutaria, con manifiesta desobediencia de las resoluciones que el Tribunal Constitucional ha dictado».

La Abogacía del Estado tacha de «burdo» el documento para proclamar una supuesta república independiente y fulminar la soberanía nacional del pueblo español.

«El documento comporta por sí mismo una vulneración constitucional de tal magnitud que engloba y absorbe en sí misma cualquier otra vulneración de orden competencial que, de suyo, la proclamación de una república independiente implica».

En el recurso se explica que «el Parlamento de Cataluña se arroga un poder, el de proclamar una república, del que indudablemente carece en nombre del pueblo catalán, al que imputa la soberanía nacional, desconociendo el valor normativo de la Constitución Española y del Estado español del que forma parte la Comunidad Autónoma de Cataluña ». «Estas decisiones pueden calificarse de antidemocráticas, no solo porque el pueblo catalán no es soberano, sino porque se apropia, puede decirse que, sin ningún reparo, confisca, competencias estatales al margen completamente del cauce legal ».

Según el texto presentado por el Abogado del Estado, el contenido de la ley de Transitoriedad, «un despropósito jurídico» , es propio «de un régimen autocrático sin una mínima separación de poderes y la salvaguarda de los valores propios de los sistemas democráticos».

El Gobierno pide al Tribunal Constitucional que notifique personalmente la suspensión de la ley al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont , y a todos los miembros de su Gobierno autonómico, así como a la presidenta del Parlamento regional Carme Forcadell , y a los miembros de la Mesa que admitieron la tramitación de la ley. Se solicita, además, que se advierta a todos ellos de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, y se les aperciba de las eventuales responsabilidades, incluidas las penales , en las que podrían incurrir en caso de desobediencia.