El Gobierno insiste que no tiene ninguna «responsabilidad internacional» en la administración del Sáhara

«España se considera desligada de toda responsabilidad de carácter internacional con relación a la administración del Sahara Occidental desde la carta enviada el 26 de febrero de 1976 por el representante permanente de España ante Naciones Unidas al secretario general de Naciones Unidas», recalca el Gobierno en su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press.

En dicha misiva, cuyo texto recoge la respuesta, el Gobierno informaba que desde ese día España "da término definitivamente a su presencia en el territorio del Sáhara" y "se considera desligada en lo sucesivo de toda responsabilidad de carácter internacional con relación a la administración de dicho territorio, al cesar su participación en la administración temporal que se estableció para el mismo".

Desde entonces, añade el Ejecutivo, «España no figura como potencia administradora en la lista de territorios no autónomos de Naciones Unidas, ni en los informes anuales del secretario general de Naciones Unidas sobre el Sáhara Occidental ni en ninguna de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que conoce y hace seguimiento de dicha cuestión».

En este sentido, el Gobierno sostiene que su postura respecto a esta cuestión «es constante» y pasa por la defensa de «una solución política, justa, duradera y mutuamente aceptable tal y como establecen las sucesivas resoluciones del Consejo de Seguridad y en el marco de disposiciones conformes a los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas».

Asimismo, el Ejecutivo asegura que el anuncio del reconocimiento por parte del anterior presidente estadounidense, Donald Trump, del Sáhara Occidental como marroquí «no constituyó una sorpresa».

Por otra parte, el Gobierno ha aclarado que el proceso de delimitación de sus aguas territoriales por parte de Marruecos aún no ha concluido y en todo caso ha asegurado que Rabat está de acuerdo en que cualquier disputa se dirima conforme a la Convención de la ONU de Derecho del Mar y de «mutuo acuerdo».

Marruecos procedió a principios de 2020 a aprobar dos leyes por las que delimita el mar territorial marroquí hasta 12 millas y la zona económica exclusiva (ZEE) de 200 millas desde sus costas . Dicha delimitación entraba en conflicto con la delimitación de las aguas territoriales españolas en las islas Canarias.

Ante esta circunstancia, Ciudadanos presentó el pasado diciembre una pregunta al Gobierno, en la que advertía de que «las ambiciones territorirales de Marruecos» ponían «en peligro tanto los ecosistemas del archipiélago como la forma de vida y el sustento de miles de canarios».

Los de Inés Arrimadas pidieron además al Ejecutivo que aclarara las gestiones tanto bilaterales como en la ONU que estaba llevando a cabo para «asegurar que la solicitud de ampliación de las aguas territoriales del reino de Marruecos no afecta a las aguas territoriales españolas en torno a las islas Canarias».

En su respuesta, el Gobierno incide en que «la publicación de las leyes relativas al establecimiento de espacios marítimos», que tuvo lugar en marzo pasado, «no implica que haya concluido el proceso de delimitación de los espacios marítimos de Marruecos, que sigue pendiente, pues se trata de leyes de carácter general».

Además, el Gobierno asegura que la cuestión de la delimitación de los espacios marinos está incluida en el «diálogo fluido» que se mantiene con Marruecos.

En este sentido, precisa que los dos países están "de acuerdo en que el eventual solapamiento de estos espacios deberá resolverse conforme a lo dispuesto en la Convención de Naciones Unidas de Derecho del Mar, con base en el mutuo acuerdo y con respeto al Derecho Internacional, descartando los actos unilaterales y los hechos consumados".

En cualquier caso, recalca la respuesta escrita, «el Gobierno de España se reserva todas las acciones contempladas en dicha Convención para preservar sus intereses».

Por otra parte, en la batería de preguntas al Gobierno presentadas por Cs junto a la citada, también se pedía saber si tras las declaraciones del primer ministro marroquí, Saadeddine el Othmani, asegurando que Ceuta y Melilla eran tan marroquíes como el Sáhara, por las que Exteriores convocó a la embajadora de Marruecos en Madrid, esta se había comprometido a «alguna acción» para retirar dichas afirmaciones.

Respecto a esta cuestión, el Gobierno se limita a remitirse al comunicado publicado por Exteriores informando de la convocatoria de la embajadora, a la que se pidió «aclaraciones» por las palabras del primer ministro y se le pidió el «respeto a la soberanía y la integridad territorial» de España.

El Gobierno tampoco se pronuncia sobre si, como plantea Cs, el aumento de la presión migratoria registrado en Canarias «tiene que ver con la renovada hostilidad del reino de Marruecos hacia Ceuta, Melilla y las islas Canarias».

Así, subraya que Marruecos es «un país vecino y amigo, además de un socio estratégico» que se enfrenta a «retos compartidos» con España, "siendo el control del flujo migratorio uno de los más relevantes".

Según el Gobierno, «la cooperación en este ámbito, incluyendo el retorno de los migrantes irregulares, es particularmente rica e intensa y es considerada modélica por países de nuestro entorno por su alto nivel de institucionalización, su enfoque integral del fenómeno migratorio y su efectividad, con base en el principio de responsabilidad compartida».