El Gobierno se inclina por mantener la cruz, negociará con la Iglesia el futuro del Valle y quiere dar más peso a la Guerra Civil y la dictadura en la etapa educativa

La ley contempla la resignificación del Valle de los Caídos que el Gobierno defiende que ya comenzó con la exhumación de los restos de Francisco Franco. Pero no será la última. La nueva norma forzará la reubicación de los restos de José Antonio Primo de Rivera . «No podrá haber cuerpo de ninguno de los protagonistas en lugar preponderante», recordaba ayer Bolaños en base al articulado de la norma. El ministro de la Presidencia confirmaba así que tendrá que procederse a su exhumación. Y se comprometía a hacerlo en diálogo con la familia. Fuentes del Gobierno explicaban después de que, en tanto que Primo de Rivera fue víctima de la Guerra Civil, sí tendría posibilidad de quedarse en las criptas del Valle. Una opción que no era posible en el caso de Franco. Pero planteaban que en cualquier caso el emplazamiento de los restos corresponderá a la decisión de la familia.

Ese planteamiento de resignificación es todavía abstracto. Bolaños planteaba que se trata de un «marco general», pero que 'a posteriori' habrá que plantear un proyecto concreto en el que «tomar decisiones». Y aquí entra la decisión sobre qué hacer con la gran cruz que preside el lugar. El Gobierno no ha dado muestras de tener todavía decidido qué hacer al respecto. Desde luego solo de ese modo pueden interpretarse las palabras de Bolaños. No obstante, fuentes del Gobierno trasladaban posteriormente que no se tocará la cruz porque precisamente es un símbolo que permite explicar el vínculo entre religión y política que se interpreta como crucial en el estudio de ese periodo.

El futuro del Valle presenta por tanto muchas incógnitas . Una vez termine la tramitación parlamentaria uno de las consecuencias inmediatas será la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos en virtud de una disposición derogatoria que anula el Decreto Ley de 23 de agosto de 1957, por el que se establece la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y que otorga a los monjes benedictinos la gestión de la abadía. Fuentes gubernamentales se comprometen a, una vez la norma esté en vigor, negociar con la Iglesia el futuro de la abadía .

A finales del mes de junio el Gobierno obtuvo la licencia del ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para proceder a la exhumación de los cuerpos que sean reclamadas por su familias. El Gobierno apunta a que esas actuaciones podrían empezar de forma inminente. Otra de las apuestas que hace el Gobierno con esta norma es la mayor presencia del estudio de esta etapa histórica en los contenidos curriculares de la Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional y Bachillerato. Esta cuestión ya ha empezado a trabajarse con el ministerio de Educación, explican fuentes gubernamentales. El objetivo es lograr una reorientación de la asignatura de Historia hacia esta etapa . Incluso se fijará la Memoria Democrática en el temario de algunas oposiciones.

Algo en lo que se diferencia esta norma respecto a la ley de Memoria es que cuenta con un apartado de sanciones que van desde los 200 euros hasta los 150.000 euros.

Una de las claves de la norma es que el Estado debe liderar los procesos de exhumaciones. El Gobierno calcula que entre 20.00 y 25.000 cadáveres siguen en fosas comunes. En el Ejecutivo plantean esto como un plan de choque que ya arrancó el pasado año con la identificación, exhumación y dignificación de 114 fosas. A estas se unen las 190 previstas para este año, en el marco del plan cuatrienal, y para lo que se ha concedido una subvención de 3 millones de euros para las comunidades autónomas. Serían por tanto 304 las fosas sobre las que se habría actuado en el periodo 2020/2021 . Pero el número podría aumentar ya que se ha concedido un millones de euros adicionales a los ayuntamientos a través de la Federación Española de Municipios y Provincias.

La ley no se acompaña como tal de una memoria económica. Pero en el Gobierno simplifican esta cuestión diciendo que el presupuesto es todo con el que cuenta la secretaría de Estado de Memoria Democrática que lidera Fernando Martínez. Son 11 millones de euros según los Presupuestos Generales del Estado. El 60% de los mismos se concentra en el plan de choque de exhumaciones.