El Gobierno impulsa diez acuerdos para potenciar la Conferencia de Presidentes

Rajoy confiaba en que esta conferencia de presidentes fuera el punto de partida de una nueva etapa de diálogo fructífero con todas las comunidades, y desde luego pensaba de forma especial en Cataluña, cuya participación se habría interpretado en el Gobierno como un «gesto» positivo para buscar una solución viable y legal frente al desafío independentista. El presidente pidió hace solo dos días ese «primer paso» a Puigdemont. Pero este no ha movido un milímetro su posición.

Pese a las previsibles ausencias, el Gobierno ha querido potenciar este foro y tiene preparados ya diez borradores de acuerdos , consensuados con los participantes, para que se aprueben el martes en el Senado. Uno de ellos se refiere al funcionamiento mismo de la cumbre, para que se celebre anualmente , «como órgano de máxima cooperación entre el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas». Se trata de todo un cambio de actitud por parte del Gobierno de Rajoy, que solo había convocado una cumbre hasta ahora, el 2 de octubre de 2012. En aquella ocasión estuvieron Artur Mas, como presidente de la Generalitat, y Patxi López, como lendakari . Pero ni los resultados y ni los acuerdos pasaron a la historia. Y es ahí donde el Gobierno quiere introducir los mayores cambios, para que la cumbre sea realmente efectiva.

El portavoz del Gobierno repasó ayer la lista de los otros nueve acuerdos que se quieren aprobar. El primero es sobre la sostenibilidad del Estado de Bienestar y el nuevo modelo de financiación autonómica . Los firmantes quieren crear en un plazo de un mes una Comisión de expertos, integrada por los que proponga el Estado y uno por Comunidad. Esta Comisión empezará a trabajar de forma inmediata y en ella también participará la Autoridad Fiscal Independiente (Airef). La intención del Ejecutivo es mantener la invitación a los ausentes, en este caso a Cataluña por ser parte fundamental en el sistema de financiación, para que se incorporen a los trabajos de esta Comisión de expertos. De forma paralela, se pretender abordar el sistema de financiación de las entidades locales.

En un mes también se constituirá otra comisión para analizar el sistema de dependencia , y determine la situación actual, su sostenibilidad y las posibles vías de financiación en el futuro por parte del Estado.

El segundo borrador de acuerdo se centra en una estrategia nacional frente al reto demográfico . Los presidentes se comprometen a que en 2017 se apruebe esta estrategia, con una respuesta para paliar el progresivo envejecimiento de la población, del despoblamiento territorial y de los efectos de la población flotante.

En el acuerdo sobre el Pacto por la Educación , se pedirá al Gobierno que se convoque la Comisión General de las Comunidades Autónomas, para celebrar un debate monográfico.

La cooperación en materia de protección civil será también motivo de consenso. En el primer trimestre deberá estar constituido el Consejo Nacional de Protección Civil. Otro de los acuerdos se centra en el desarrollo y aplicación de la ley de garantía de la unidad de mercado y de la movilidad interadministrativa . También aquí el contenido es bastante genérico: avanzar en la cooperación, «trabajar leal y conjuntamente» para potenciar la movilidad, analizar la interinidad en los servicios públicos esenciales, impulsar la Administración Digital...

Los presidentes se comprometerán a crear en un plazo de tres meses un grupo de trabajo para poner en marcha la tarjeta socia l. También se garantizará la participación de las Comunidades en el desarrollo reglamentario del Decreto Ley del Bono Social . Se coordinarán mecanismos para identificar a los consumidores vulnerables de mayor severidad para asegurar el suministro eléctrico, y se identificarán los programas sociales.

Además, se pretende convocar la Conferencia para Asuntos Relacionados con la UE , para agilizar la toma de decisiones, y se examinará el sistema de transmisión de información. No faltará un acuerdo sobre el empleo , dirigido a modernizar los servicios públicos, mejorar el Sistema de Formación Profesional y favorecer la empleabilidad de colectivos vulnerables.