El Gobierno ve imposible el referéndum por el «cerco legal»

«El Gobierno contempla todas las posibilidades, tiene estudiados todos los escenarios y todas las respuestas, y actuará en consecuencia», recalcó ayer el ministro y portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, después de la reunión del Consejo de Ministros. La semana que viene puede marcar un punto de inflexión, ya que los secesionistas podrían dar luz verde, en apenas dos días, a sus leyes de ruptura y al decreto de convocatoria del referéndum. En La Moncloa inquieta lo justo, ya que está todo preparado para convocar un Consejo de Ministros exprés , o dos si es necesario en días consecutivos, para impugnar de inmediato esas decisiones.

«No les quedará margen legal para dar un solo paso hacia el referéndum, por eso es imposible que se celebre», subrayaron fuentes del Gobierno. «El cerco legal les impedirá hacer cualquier movimiento en esa dirección».

El Gobierno se defiende de las críticas por la falta de medidas más contundentes contra el secesionismo y asegura que actúa con «mesura y proporcionalidad». El «cerco legal» incluye las actuaciones del Tribunal Constitucional para prohibir el referéndum de independencia, pero también un control económico para impedir que se destine una sola partida a la celebración de la consulta, y un control «logístico», que trata de evitar que haya urnas el 1 de octubre.

El Gobierno, a través de la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales, está en contacto con los secretarios e interventores de los Ayuntamientos catalanes para adelantarse a cualquier posible petición de locales, datos censales o cualquier otra forma de colaboración con el referéndum. La advertencia de su ilegalidad, y de sus consecuencias, ha llegado a todos los municipios de Cataluña.

También se ha intentado cercar la posible compra de urnas o impresión de papeletas. El juez de Instrucción número 13 de Barcelona tiene abierta una instrucción que investiga actuaciones dirigidas a celebrar el referéndum. Ahí se ha recibido declaración de distintos cargos del Gobierno autonómicos, de las empresas fabricantes de urnas, sobres y papeletas y de funcionarios públicos que han tenido conocimiento de actos preparatorios.

El control económico se estrechó este verano, cuando se reforzó la vigilancia sobre el destino de los fondos para la financiación de servicios públicos en Cataluña, para impedir que se destinara un solo euro al referéndum . Desde julio, los interventores de todas las consejerías, los responsables económicos de otras entidades y el director general de Política Financiera, Seguros y Tesoros están obligados a enviar información semanal y certificar que no hay expedientes vinculados a la consulta ilegal.