El Gobierno glosa la trayectoria de Rull para justificar su indulto por su representatividad social

Es esa posición la que utiliza el Ejecutivo para justificar que «el mantenimiento en prisión de los líderes de las principales formaciones independentistas no contribuye positivamente a rebajar la tensión existente». Asegurando que la propuesta de indulto debe valorar el «peso» de Josep Rull dentro de Junts per Catalunya.

El informe del indulto defiende que el mantenimiento en prisión de Rull «se presenta como un claro obstáculo para la normalización de las relaciones entre las instituciones catalanas y las del Estado , así como un escollo para la superación del conflicto que protagoniza la política catalana en la última década».

Al igual que en el caso de Jordi Turull , los informes de ambos son prácticamente idénticos, el Gobierno utiliza la existencia de un claro sentimiento independentista para cargar de razones el fundamento de utilidad pública. En el informe se defiende que según los datos del último barómetro del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO, 2021), el 44,9% de los encuestados manifiesta su voluntad de que Cataluña sea independiente.

Y recuerda que en las elecciones del pasado 14 de febrero, Junts per Catalunya obtuvo el 20,04% de los votos y 32 escaños , siendo la tercera candidatura más votada. Destaca además que «actualmente forma parte del Govern de Catalunya». Y es a partir de ahí, que el Gobierno aduce que «no puede desconocer que una parte importante de la ciudadanía catalana comparte los objetivos políticos últimos que representa Josep Rull».

El informe aduce que esos objetivos «son legítimos y por los que no ha sido condenado». Y argumenta que su sitúa de encarcelamiento «ha tenido y tiene, como es notorio, un importante valor simbólico para el independentismo y para quienes, no siendo independentistas, consideran injusta esa situación».

El informe del indulto de Rull el Gobierno recoge el pronunciamiento del Tribunal Constitucional en su Sentencia 112/2016, de 20 de junio, en referencia a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en el que destaca que «la opción independentista puede y tiene cabida y legitimidad dentro del pluralismo político». Asevera que fueron condenados por la comisión de unos actos contrarios al ordenamiento jurídico. Pero que «ahora el Gobierno debe valorar si extinguiendo parcialmente su pena se contribuye a situar la defensa de esas ideas en el lugar que nunca debieron abandonar».

El Gobierno justifica que «analizados todos los escenarios, sus ventajas e inconvenientes, e incluso sus riesgos se considera social y políticamente conveniente apostar por un gesto de distensión que abra oportunidades al diálogo, siempre persiguiendo como objetivo fundamental una convivencia pacífica y ordenada dentro de nuestro marco constitucional». El Gobierno justifica ese planteamiento no solo por la «posición social» de Josep Rull «y su indudable peso en el escenario político catalán», sino centrándose también en «el efecto que su encarcelamiento genera en las personas que se ven representadas por su organización y en aquellas otras que, sin ser independentistas, ven desproporcionada la reacción del Estado».

El informe justifica que Rull «ha ocupado numerosas posiciones institucionales que le confieren un papel relevante para condicionar el desarrollo del diálogo democrático» . Para el Gobierno es un activo su trayectoria: «De tales posiciones cabe destacar especialmente el haber desempeñado su condición de diputado del Parlamento de Catalunya de forma ininterrumpida durante más de dos décadas, de septiembre de 1997 a mayo de 2019». Lo que le confiere una «indudable representatividad de parte de la sociedad catalana» por haber sido elegido por el censo electoral como miembro del Parlament hasta en ocho legislaturas diferentes. «El respaldo social que ostenta su posicionamiento político se refleja también en que fue elegido como diputado en las Cortes Generales el 28de abril de 2019, con posterioridad a los hechos que produjeron su responsabilidad penal».

«Tras más de dos décadas ostentando posiciones orgánicas e institucionales , la situación de privación de libertad de Josep Rull tiene el suficiente impacto como para obstaculizar la reconstrucción de la vía democrática», dice el informe. Y aunque, como en el caso de Turull, el informe afea que «no ha efectuado un pronunciamiento nítido sobre el abandono de la vía unilateral», el Gobierno pone en valor «su reivindicación y predisposición al diálogo con el Gobierno de España». Formar parte del actual Govern, aunque lo lidere ERC, también es un activo: «Además, su formación, Junts per Catalunya, más allá de las estrategias de las formaciones políticas, es parte del Govern de la Generalitat cuyo presidente, Pere Aragonès, ha afirmado que nos encontramos en una nueva etapa donde la principal prioridad es el diálogo».

El Gobierno reconoce que el comportamiento o la disposición de Rull «pueden que no le hagan personalmente merecedor del indulto, pero deben ser tenidos en cuenta a la hora de valorar la utilidad pública de la decisión , en la medida en que su puesta en libertad pueda favorecer objetivamente la vía del diálogo». Y aquí el Gobierno entiende que el indulto «satisface mejor el bien común de España». El informe establece que la decisión «Se configura como una decisión estrictamente política y que sigue la lógica de la política, que es satisfacer necesidades públicas. Por consiguiente, su justificación y su finalidad está por encima de intereses, razones y criterios individuales. También el bien común de la nación está por encima de la voluntad mostrada por los propios condenados».