El Gobierno gastará 40 millones de euros en dar la nacionalidad a hijos y nietos del exilio

El Gobierno gastará 40 millones de euros en dar la nacionalidad a hijos y nietos del exilio

Los cónsules en Iberoamérica temen «avalanchas» a causa de esta disposición de la Ley Memoria Histórica

MIGUEL ÁNGEL BARROSO | MADRID
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Las arcas del Ministerio de Asuntos Exteriores, que deben afrontar gran parte del coste total -unos 20 millones de euros- de la cúpula de Miquel Barceló para la sede de la ONU en Ginebra, tendrán que asumir un nuevo gasto derivado, esta vez, no de la gran apuesta diplomática de la Alianza de las Civilizaciones, sino de otra bandera del Gobierno, la Ley de Memoria Histórica. Fuentes del departamento de Miguel Ángel Moratinos han revelado a ABC que la factura para dar la nacionalidad española a hijos y nietos de exiliados por razones políticas entre julio de 1936 y diciembre de 1955 rondará los 40 millones de euros, repartidos entre los ejercicios de 2008, 2009 y 2010. Según el Ejecutivo, la medida beneficiará a 500.000 personas, aunque las citadas fuentes consideran más razonable hablar de cerca de un millón de nacionalizados, la mayoría de Iberoamérica. En ese abanico se está gestando una nueva «circunscripción electoral» localizada en el extranjero, con derecho a voto y a prestaciones sociales y con un carácter decisivo en futuras llamadas a las urnas. Y, es de suponer, con «buena memoria».

Reunión consular en Madrid

Los cónsules españoles en Iberoamérica están esta semana en Madrid para recibir las recomendaciones oportunas sobre una medida que debe ejecutarse en los dos próximos años. El encargo se veía venir desde diciembre de 2007, cuando se aprobó la Ley de Memoria Histórica, de modo que algunos consulados, escasos de personal y de medios materiales, han aprovechado para pedir refuerzos a Asuntos Exteriores para hacer frente a lo que les viene encima. Temen que la ingente tarea de gestionar la nacionalidad de cientos de miles de ciudadanos interfiera negativamente en la prestación de los habituales servicios jurídico-administrativos. Clientela no falta: más de un millón y medio de compatriotas residen en el extranjero, y más de diez millones se desplazan anualmente al exterior de forma temporal por turismo, estudios y negocios, entre otros motivos, y necesitan atención. La carga de trabajo se multiplica.

En el ámbito consular se teme una auténtica avalancha de peticiones, ya que algunas asociaciones y medios de comunicación iberoamericanos están «vendiendo» la idea de que todos los nietos de emigrantes españoles tienen derecho a la nacionalidad y casi nadie repara en las condiciones exigidas. De hecho, en Argentina se refieren a esta norma como «la ley de los nietos». En ese país se estima que habrá 300.000 «nuevos españoles» a finales de 2010. Al abrirse esta puerta en plena crisis económica, España se percibe como un nuevo El Dorado, en sustitución de Estados Unidos. Otro motivo de preocupación para los cónsules es la falsedad documental, un problema que aqueja a los registros civiles de ciertos países. Acreditar la autenticidad de los papeles va a llevar su tiempo.

A la reunión que comenzó ayer en el histórico Palacio de Viana -reformado recientemente por el Ministerio de Exteriores y elegido por Moratinos para su residencia- y que concluirá hoy con un almuerzo ofrecido por el secretario general de Asuntos Consulares y Migratorios, Javier Elorza, asisten unos cincuenta cónsules generales o adjuntos, encargados del registro civil en el extranjero, e informáticos que deberán encargarse del mantenimeinto del sistema de cita previa por internet para las solicitudes de nacionalidad y seguimiento del trámite. Han viajado desde Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba, Mendoza, Rosario, La Paz, Porto Alegre, Río de Janeiro, Salvador de Bahía, Sao Paulo, Santiago de Chile, Bogotá, San José de Costa Rica, La Habana, Quito, Guayaquil, El Salvador, Guatemala, Tegucigalpa, México D.F., Guadalajara, Monterrey, Managua, Panamá, Asunción, Lima, Santo Domingo, Montevideo, Caracas, Miami y San Juan de Puerto Rico.

«Una demanda legítima»

La secretaria de Estado para la Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, ha declarado que la nueva normativa «soluciona una demanda histórica muy legítima» por parte de la diáspora española, y que el PSOE cumple así su compromiso electoral. «El objetivo es reparar las injusticias que se hicieron a quienes tuvieron que huir de la Guerra Civil o de la dictadura y, como consecuencia, perdieron la nacionalidad junto con sus hijos».

La agrupación Hijos y Nietos de Españoles en Argentina ha mostrado su satisfacción, aunque no sea completa, pues pide que también resulten beneficiados algunos grupos excluidos: por ejemplo, los nietos de las mujeres que emigraron antes de 1936 y los nietos de abuelo varón que haya renunciado a la nacionalidad española antes de que naciera su hijo/a para tomar la nacionalidad del país de acogida. Estos descendientes de exiliados confían en que, «si las cifras no se disparan», el Gobierno deje entrar a los que se han quedado fuera. El asunto no ha hecho más que empezar y los matices sobre filiaciones y plazos pueden complicarlo hasta el infinito.