El Gobierno, a los Franco: «Tenéis que aceptar porque vamos a ganar las elecciones y seguiremos y seguiremos...»

El primer error fue tomar la decisión y anunciarla sin ni siquiera haber mantenido algún contacto discreto con la familia Franco, sabiendo lo delicado que es sacar a un muerto de su tumba en lugar sagrado sin el consentimiento de la familia. El pasado septiembre, poco antes de que el Congreso aprobara la exhumación, Alfredo Pérez de Armiñán , presidente de Patrimonio Nacional, llamó por teléfono a uno de los siete nietos. El mensaje era claro: el Gobierno iba a exhumar el cuerpo del dictador sí o sí, y preferían hacerlo «con el acuerdo de la familia», quienes tendrían que decir «dónde se produciría la nueva sepultura» , según fuentes próximas a los Franco.

El Gobierno quería que al menos uno de los siete nietos diera su consentimiento, suficiente para iniciar la exhumación, que se produciría antes de que el resto pleiteara. Para eso necesitaban la desunión de los herederos, algo que ha llegado a confesar en privado la vicepresidenta, Carmen Calvo. «Consiguieron el efecto contrario, nunca he visto tan unidos a los siete nietos como ahora», dice a ABC Luis Felipe Utrera-Molina , abogado de los Franco y albacea de su madre, Carmen Franco.

Para que no hubiera escisiones, los siete hermanos - Carmen, Mariola, Francis, Merry, Cristóbal, Arancha y Jaime - firmaron un documento de dos folios y lo llevaron a un notario. En el texto se comprometían a no autorizar la exhumación, de tal forma que si alguno cambiaba de postura «no podía hacer esa faena sin faltar a la palabra dada a sus hermanos» , dice una fuente próxima a la familia.

Los nietos de Franco están abordando la situación como un asunto personal que afecta a una persona muy querida para ellos, su abuelo. «Hay que tener en cuenta que cuando muere Franco sus nietos tienen entre 11 y 24 años y guardan un gran recuerdo. De niños pasaron más tiempo con sus abuelos, que los educaron y les enseñaron a rezar, que con sus padres », rememora una persona cercana a la familia.

Tras la llamada del presidente de Patrimonio Nacional hubo un encuentro entre Carlos Osoro y los Martínez-Bordiú Franco, pero estos desmienten que el arzobispo de Madrid acudiera en nombre del Gobierno. «Se limitó a decirles que era su obispo y que se ofrecía a ayudar en lo que necesitaran».

El contacto oficial y más importante entre las partes enfrentadas se produjo en febrero en un restaurante madrileño al que acudieron Félix Bolaños, secretario general de la Presidencia del Gobierno, y el citado Luis Felipe Utrera. El representante de Pedro Sánchez -que también es su jurista de cabecera- dijo al de los Franco lo siguiente: «Os ofrecemos hasta que hagáis una misa en la Basílica para la exhumación. Deberíais aceptar, porque vamos a ganar a las elecciones y seguiremos y seguiremos y seguiremos...» .

Lo confirma Utrera a este diario, mientras que tanto Bolaños como la Secretaría de Estado de Comunicación han declinado responder a ABC sobre este asunto .

Los herederos del que fuera jefe del Estado durante casi 40 años decidieron que, si los tribunales aprobaban la exhumación, querían enterrar a su abuelo en el panteón familiar de su propiedad en la cripta de la Catedral de La Almudena. Sus planes pasaban también por exhumar a Carmen Polo del panteón de Mingorrubio, en el cementerio del Pardo, y que reposara en el templo madrileño junto a su marido.

El Ejecutivo temió que la catedral se convirtiera en un lugar de peregrinaje y exaltación del franquismo, y prohibió el enterramiento con un informe de la Delegación del Gobierno que aludía a un problema de seguridad: se podían producir incidentes y violencia en el centro de Madrid.

Pedro Sánchez insiste en que el lugar idóneo para el cadáver de Franco es Mingorrubio, pero los herederos se oponen frontalmente. Alegan que está en mal estado y, sobre todo, que carece de medidas de seguridad. Están «convencidos» de que si Franco termina allí, «la profanación es segura, los restos del abuelo aparecerán tirados por media España» (parece ser que el Gobierno estaría dispuesto a implementar medidas de seguridad).

Sin acuerdo a la vista, y pese a lo que pensaba Pedro Sánchez -que podía sacar a Franco con una orden ejecutiva-, será el Tribunal Supremo quien dé o retire el permiso. Santiago Cantera, prior de la Abadía Benedictina de la Santa Cruz , sostiene que no autorizará desenterramiento alguno si no cuenta con el permiso de la familia, sea la de Franco o la de cualquiera de las miles de personas que allí reposan, pero difílmente se opondrá si los operarios llegan con un auto del Tribunal Supremo bajo el brazo (la licencia municipal también esta paralizada en los tribunales).

El próximo 22 de marzo expira el plazo para que la Abogacía del Estado presente su escrito de oposición al recurso presentado por la familia para paralizar la exhumación . Hay un segundo recurso, el de los benedictinos que custodian la Basílica y, según ha sabido ABC, se van a presentar dos más. A mediados de la semana que arranca mañana, la Fundación Nacional Francisco Franco va a solicitar medidas cautelares al TS alegando que el Real Decreto aprobado por el Gobierno es «inconstitucional». El cuarto recurso lo está ultimando la Asociación Para la Defensa del Valle de los Caídos, que apuesta por que todo siga igual en el valle de Cuelgamuros.

Los recurrentes están dispuestos a llegar al Constitucional o incluso a Estrasburgo, donde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos señaló recientemente, a colación del cadáver del presidente polaco Lech Kaczynski, que sin el consentimiento de la familia y sin respetar los trámites establecidos por la ley no se puede exhumar el cuerpo de una persona.

Desde la Fundación Nacional Francisco Franco consideran una «chulería» del Gobierno poner fecha a la exhumación - 10 de junio, según anunció el viernes Carmen Calvo tras el Consejo de Ministros - «cuando el caso está en la justicia». Dicen estar dispuestos y tener músculo para «poner a 20.000 personas en la entrada del Valle: a ver cómo sacan a Franco».