El Gobierno espera a relevar a Calderón en el CESID para iniciar en mayo la reforma de los Servicios de Inteligencia

MADRID. Miguel Portilla
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El ministro de Defensa, Federico Trillo, anunció ayer que en el próximo mes de mayo iniciará los contactos con los grupos parlamentarios para tratar de alcanzar un amplio consenso sobre la reforma del CESID mediante el proyecto de Ley de los Servicios de Inteligencia.

El inicio de esos contactos viene a coincidir con el relevo del general Javier Calderón, previsto para el próximo mes de abril, como director del CESID. Fuentes próximas al citado organismo señalaron a ABC la posibilidad de que el sustituto de Calderón pueda ser otro militar perteneciente a la Armada o al Ejército del Aire, que asuma el cargo de manera transitoria hasta que el Parlamento apruebe la pretendida reforma de los Servicios de Inteligencia.

Posteriormente, el Gobierno nombraría a un civil, tal y como parece ser la intención del Ejecutivo, que se ha venido anunciando reiteradamente tanto desde el Palacio de la Moncloa como desde el Ministerio de Defensa. De esa manera, cuando el nuevo mando civil asumiera el cargo, ya tendría allanado el camino de las numerosas «piedras» que tendrá que sortear a causa de la reforma.

No obstante, desde Defensa no se descarta que el sustituto del general Calderón ya sea un civil, y que no se produzca el nombramiento interino apuntado anteriormente.

POLÍTICA DE TRANSPARENCIA

Federico Trillo señaló en los pasillos del Senado que le ha indicado a Calderón «la conveniencia de intensificar la política de transparencia del CESID», y fruto de ello es «el programa de visitas que ha despachado conmigo» compuesto por «representantes del poder legislativo, judicial y de responsables del Gobierno para que conozcan cuál es el funcionamiento, los objetivos y las actividades de los Servicios de Inteligencia», algo que «no debe inquietar a ningún ciudadano», añadió.

Respecto a la reforma del CESID, tanto el PP como el PSOE y CiU parecen coincidir en la necesidad de aprobar un marco legal que delimite y ampare la actuación de los agentes y que establezca los controles parlamentarios y judiciales pertinentes, tal y como ocurre en la mayoría de los países de nuestro entorno.

Aunque la división de los Servicios de Inteligencia en exterior e interior parece diluirse cada vez más, el principal escollo estará en la fórmula para establecer un control judicial «ad hoc» o no. El Grupo Popular, mayoritario en ambas Cámaras parlamentarias, es partidario de que, aunque sea necesario recurrir a ese control, «hay que evitar su protagonismo excesivo» para no tender hacia «el gobierno de los jueces».