El Gobierno se enfrenta a responsabilidades penales por la limitación de derechos

Penalistas consultados por ABC recuerdan que cuando el artículo 55 de la Constitución aborda la suspensión de derechos no contempla en ningún caso que esta se pueda llevar a cabo en el estado de alarma. Sólo se puede hacer en los estados de excepción y sitio, apuntan, cuando las «circunstancias extraordinarias» que motivan esa declaración hacen imposible mantener la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades.

Pese a que el estado de alarma es también una situación excepcional, la Constitución aclara que la suspensión de derechos no es posible en este caso, hasta el punto de que, según establece ese precepto, «la utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas» en la ley orgánica que regula los estados de alarma, excepción y sitio «producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes».

¿Y en qué se traduce esa responsabilidad? Los juristas consultados resaltan que el Código Penal es claro cuando, tras abordar de forma específica el derecho de reunión, la censura o la expropiación de bienes por parte de funcionarios públicos, regula en su artículo 542 que «incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años la autoridad o funcionario público que a sabiendas impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las leyes».

Son muchos los expertos que consideran que, por un lado, hay afectación de derechos derivada de la propia restricción de movimientos (derecho de reunión, de manifestación, libertad de cultos); y por otro, hay medidas del Gobierno que han entrado de lleno en la suspensión de otros derechos, como la libertad de empresa (desde el momento en que se prohíben los despidos), la propiedad o incluso la tutela judicial efectiva al impedir a los arrendadores que dispongan de sus propiedades prohibiendo los desahucios.

Ni de forma tangencial ni de forma directa se puede producir una suspensión de derechos en un estado de alarma. Por este motivo, y porque el inicial presupuesto de hecho de la alarma (la epidemia) ha quedado superado por los acontecimientos con una afectación del orden público , los expertos consideran que ese es el escenario (excepción) que se ajustaría más a la situación en la que nos encontramos. Si se está produciendo una limitación de facto de derechos fundamentales, que sea al menos bajo la cobertura jurídica adecuada. Este fue el sentir mayoritario de los juristas consultados en estas páginas el pasado 1 de abril y de los que el jueves participaron en el seminario «Consecuencias jurídicas del Estado de alarma» organizado por el centro de estudios Cardenal Cisneros.

La ley prevé que se declare el estado de excepción «cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad o cualquier otro aspecto del orden público resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para establecerlo y mantenerlo». A diferencia del estado de alarma, el estado de excepción sí permite la suspensión de derechos como el de la libertad y seguridad personales , el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones, la libertad de circulación y residencia, el derecho a la libertad de expresión o los derechos de reunión, huelga o adopción de medidas de conflicto colectivo. En el marco de una declaración de estado de excepción, para la suspensión de cualquiera de estos derechos (alguno de ellos ya afectado ahora de facto) el Gobierno tendría que haber concretado en el Parlamento qué derechos se iban a suspender y la proporcionalidad de las medidas a tomar. Mientras en el estado de alarma, el Congreso interviene para prorrogarlo, en el de excepción ha de autorizarlo desde el primer momento.

El inicial Real Decreto acordado por el Gobierno el pasado 14 de marzo ya ha sido prorrogado en una ocasión y este fin de semana Pedro Sánchez anunciará su intención de decretar una nueva prórroga que deberá ser autorizada por la mayoría del Congreso en un Pleno que se celebre esta próxima semana. En esta ocasión la prórroga podría durar algo más de quince días para alcanzar el puente de mayo y evitar así los desplazamientos que se suelen producir en esas fechas.

Aunque la oposición apoyó la primera prórroga del estado de alarma, la restricción de las medidas que el Ejecutivo tomó después de forma unilateral han generado un enorme malestar en el Partido Popular, hasta el punto de que su líder, Pablo Casado, ha anunciado que no los apoyará si no cuenta con el resto de partidos y los modifica. En cuanto a la prórroga, al cierre de esta edición el PP esperaba la llamada del presidente del Gobierno para ver cuáles son sus planes, de los que se está enterando por la prensa.

Así como ya se han llevado a los tribunales distintas iniciativas para exigir medidas cauterales, en unos casos, y responsabilidades penales, en otras –como la del delegado del Gobierno en Madrid por autorizar el 8-M o el propio ministro de Sanidad, Salvador Illa–, el Real Decreto del estado de alarma todavía no ha sido recurrido.

Salvo el caso de los controladores aéreos (crisis en la que se aplicó el estado de alarma), no hay ningún otro precedente en la democracia española de la aplicación de ninguno de los tres estados de emergencia. Sobre ese asunto el Tribunal Constitucional se pronunció en una sentencia de 28 de abril de 2016 con motivo del recurso de amparo presentado por 327 controladores. En esa sentencia, el TC sostiene que «aunque formalizada mediante decreto del Consejo de Ministros, la decisión de declarar el estado de alarma, dado su contenido normativo y efectos jurídicos, debe entenderse que queda configurada en nuestro ordenamiento como una decisión o disposición con rango o valor de ley». Esto significa que está sometido a control de constitucionalidad y que si hubiese habido una extralimitación en el Real Decreto respecto a lo que la Constitución establece para el estado de alarma, es el órgano de garantías quien tiene que examinarlo.

Además del control de constitucionalidad, las personas que consideren lesionados derechos fundamentales por las medidas del Real Decreto podrían acudir en amparo al TC una vez agotada la vía jurisdiccional.