El Gobierno eleva a 40 años de cárcel la pena máxima para los terroristas y sólo reinsertará a colaboradores activos

Madrid. Agencias
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El Consejo de Ministros aprobó hoy el Anteproyecto de Ley que eleva de 30 a 40 años de cárcel la pena máxima que deben cumplir los terroristas, y restringe duramente la concesión de beneficios penitenciarios a los etarras, salvo a los que muestren una "colaboración activa" con las autoridades para detener o inculpar a otros terroristas y evitar atentados.

El ministro de Justicia, José María Michavila, declaró, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gabinete, que las líneas básicas de la reforma cuentan con el apoyo del 94 por ciento del Parlamento, al tener el aval del PP, PSOE, CiU y Coalición Canaria. El Anteproyecto de Ley será remitido en los próximos días al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado, para que emitan sus preceptivos informes. Las medidas reforman cuatro artículos del Código Penal, uno de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, otro de la Ley General Penitenciaria, y añaden una disposición adicional a la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Pena máxima

La primera medida del Anteproyecto eleva de 30 a 40 años de cárcel

la pena máxima para los terroristas y autores de delitos muy graves

que hayan sido condenados por dos o más delitos, y alguno de ellos

esté castigado con más de 20 años de prisión, como ocurre con el

asesinato.

En segundo lugar, se impone a los tribunales que concedan los

beneficios penitenciarios a los terroristas y autores de delitos

graves sobre la totalidad de la pena que les fue impuesta, siempre

que ésta supere el doble de la pena máxima. Es decir, a los etarras

condenados a más de 80 años de cárcel (doble de la pena máxima de 40 años), se les otorgarán beneficios sobre su pena íntegra, aunque ésta

sea de mil años de prisión, como ocurre en algunos casos.

Asimismo, el proyecto dota a la Agencia Estatal Tributaria y a las

correspondientes administraciones forales de facultades de

investigación sobre el patrimonio de los terroristas y autores de

delitos graves, no sólo presente, sino también futuro, lo que les

permitirá actuar sobre las rentas personales, herencias o donaciones

que reciban, para resarcir con ello a las víctimas de sus delitos.

El Anteproyecto fija también que los condenados a delitos con pena

superior a cinco años de cárcel no podrán acceder al tercer grado

penitenciario hasta cumplir de modo efectivo un "periodo de

seguridad", que con carácter general durará la mitad de la condena

impuesta.

Jueces de vigilancia

De acuerdo a la postura de la mayoría del Consejo General del Poder Judicial, también se establece que los recursos de la Fiscalía contra resoluciones de los juzgados de Vigilancia Penitenciaria que supongan la puesta en libertad de quienes cumplan condena por delitos graves, tengan carácter suspensivo de la medida otorgada, hasta que se resuelva el recurso.

En sexto lugar, se establece que los condenados por la comisión de

delitos de sustracción  y enriquecimiento con fondos públicos, como

son los fiscales, contra la Seguridad Social y contra los derechos de

los trabajadores, tengan condicionado el acceso al tercer grado

penitenciario y a la libertad condicional a que devuelvan las

cantidades sustraidas.

Según Michavila, la reforma será "un instrumento decisivo para

acabar con el terrorismo y un acto de justicia con las víctimas, ya

que el camino más corto para terminar con ETA es la aplicación firme

y sin atajos de la Constitución y de la Ley".

Ningún terrorista cumple

El ministro explicó que, hasta la fecha, ningún terrorista condenado por asesinato ha cumplido íntegramente la condena, y la media de cumplimiento de sus penas por los etarras ha rondado el 40 por ciento.

En cuanto a la exigencia a los presos terroristas de una "colaboración activa" para acabar con ETA, y no sólo un "falso arrepentimiento", Michavila indicó que "con leyes ingenuas es imposible acabar con el terrorismo" y que "no se les puede dar a los terroristas la oportunidad de seguir siéndolo".

Además, destacó que la colaboración de forma activa con las autoridades para conseguir la reinserción fue aprobada por unanimidad

el pasado mes de junio por los países de la Unión Europea, por lo que

no cree que el PSOE ni ningún otro grupo parlamentario se muestre en

contra de la medida.

Como ejemplos de esa colaboración activa que se exigirá a los

etarras para obtener beneficios, el ministro citó la cooperación para

detener a otros terroristas y para evitar atentados. Preguntado por

el número de terroristas reinsertados que vuelven a asesinar, el

ministro dijo que sólo con que impidiera un asesinato la puesta en

marcha de la Ley ya estaría justificada.

El ministro aseguró que su diálogo con los distintos grupos parlamentarios sobre esta materia ha sido fructífero, ya que han aportado sugerencias y matices en la idea central del Gobierno de establecer el cumplimiento íntegro de penas a los terroristas. Además, se mostró abierto a seguir discutiendo el proyecto con los partidos, incluidos los que forman el Grupo Mixto.

Preguntado sobre si la reforma pretende tener un efecto disuasorio en los terroristas, Michavila dijo que el Código Penal tiene un elemento de ese tipo, que desaparece si las personas saben que las penas no se cumplen. En este sentido, indicó que será muy difícil acabar con ETA si no existe cumplimiento íntegro de las condenas, así como si no se produce la ilegalización de Batasuna.

El ministro también dijo que la reforma es plenamente respetuosa con la Constitución, y además es "inteligente", ya que permite el "arrepentimiento activo" de los terroristas que quieran reinsertarse.

Además, indicó que equipara las penas por terrorismo a las que tienen

otros países europeos o a la cadena perpetua que permite la Corte

Penal Internacional.