Nadia Calviño, Isabel Celaá y María Luisa Carcedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros
Nadia Calviño, Isabel Celaá y María Luisa Carcedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros - Jaime García

El Gobierno se desentiende de la vía penal contra Torra por su desobediencia a la Junta Electoral

Aplaude la «obediencia» del presidente de la Generalitat, aunque le espeta que debió retirar los símbolos partidistas «el día uno»

MadridActualizado:

«El Ejecutivo no va a pronunciarse al respecto», así ha despachado la ministra portavoz, Isabel Celaá, una pregunta sobre si el Gobierno abrirá la vía penal contra el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, por su continua desobediencia a la Junta Electoral Central.

Por fin esta mañana Torra ha procedido a retirar los lazos amarillos, «esteladas» y demás simbología partidista, pero solo para evitar un enfrentamiento abierto con los Mossos d'Esquadra. Y es que después de que Torra ignorase por completo a la Junta Electoral Central en sus dos primeras reclamaciones, ha atendido a razones tras reclamar esta al consejero de Interior catalán, Miquel Buch, que diese órdenes a los Mossos de retirar toda la propaganda secesionista de los edificios públicos.

Aun así, el «president» ha anunciado que se querellará contra el órgano que supervisa los procesos electorales en España y ha animado a todos los ciudadanos independentistas a llenar sus balcones de una simbología que solo está prohibida, en periodo electoral, en los edificios e instituciones públicos.

Fuentes del Gobierno califican el órdago de Torra como «gesticulación» de cara a sus fieles y consideran que en ningún caso su desafío habría llegado hasta el final. No obstante, lo cierto es que la desobediencia de Torra colmó el vaso y la paciencia de la Junta Electoral cuando en vez de retirar la pancarta con un lazo amarillo en favor de los «presos políticos», puso encima de esta una con un lazo blanco con una franja roja y el mismo mensaje en pro de los cabecillas del «procés».

El pasado 11 de marzo, la Junta Electoral atendió una reclamación de Ciudadanos y pidió a Torra que quitase de los edificios públicos, «al menos en periodo electoral», todos los símbolos partidistas para garantizar la neutralidad política que exige la ley. El jefe del Ejecutivo autonómico se negó y presentó un recurso al que contestó la Junta una semana después. Este lunes se le concedieron otras 24 horas para terminar con la exhibición de símbolos independentistas, pero Torra, nuevamente, hizo caso omiso.

En todo este tiempo, mientras que el PP y Ciudadanos han denunciado la desobediencia de Torra ante la Fiscalía, ni el Gobierno ni el PSOE como partido político han tomado iniciativa alguna. Según el Ejecutivo, corresponde a la Junta Electoral Central cualquier medida en este sentido, y nunca al Gobierno.

«El Gobierno ha sido absolutamente diligente y eficaz. No ha habido pasividad», ha defendido Celaá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Según ella, aunque no ha querido entrar en una posible apertura de la vía penal contra el actual presidente de la Generalitat, el Ejecutivo ha cumplido sobradamente porque ha enviado los informes pertinentes que le reclamó la Junta Electoral a la Delegación del Gobierno en Cataluña tras el segundo ultimátum que le lanzó la Junta Electoral a Torra.

La Fiscalía sí se querella

Así, ha argumentado que el recurso del Gobierno a la vía judicial para velar por la neutralidad en periodo electoral sería cometer «una injerencia» en el proceso, y ha aprovechado para recordar que en la anterior cita electoral en Cataluña, en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre de 2017, ya había símbolos partidistas en los edificios públicos catalanes y nadie recurrió nada.

Hoy, con la retirada de los símbolos once días después de la petición de la Junta Electoral, Celaá considera que Torra «lo que está haciendo es obedecer», aunque sí le ha dicho que es lo que tendría que «haber hecho desde el día uno». En cualquier caso, en cuanto al recurso de Torra, ha expresado que España cuenta con un sistema garantista en el que cualquiera puede recurrir ante decisiones que no le satisfacen.

Quien sí ha tomado cartas en el asunto ya ha sido la Fiscalía General del Estado, que se ha querellado contra el líder soberanista por desobedecer a la Junta Electoral Central.

Celaá también se ha pronunciado sobre el apercibimiento que recibió ayer por la noche la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, por hacer un uso partidista de la cuenta oficial de Twitter del Ministerio de Presidencia, tal y como denunció el PP. «El Gobierno en todo momento atiende a principios de legalidad. Está a disposición de la Junta», ha afirmado, aunque ha tratado de justificar las críticas vertidas a la oposición desde este perfil institucional alegando que se enmarcan en la «frontera» entre «el periodo electoral y el no electoral».