El Gobierno se cruza de brazos ante los ataques a símbolos constitucionales

La mayor parte de los ayuntamientos catalanes están gobernados por fuerzas independentistas y las ilegalidades han sido visibles durante estos últimos tres años: banderas de España que no han ondeado, retratos de Felipe VI retirados o esteladas o lazos amarillos colocados en edificios públicos, por ejemplo. Sin embargo, a la desaparición de los requerimientos se une el hundimiento de los instrumentos jurídicos con los que cuenta la Administración Central para hacer cumplir la ley: las solicitudes de información, las resoluciones de impugnación y ejecución de sentencias y las peticiones de informes.

Las primeras cayeron un 40 por ciento en 2018, para quedar en 828 respecto a las 1.381 del año anterior. En 2020 fueron un total de 659, un 52 por ciento menos que en el último año de gobierno de Mariano Rajoy. En cuanto a las resoluciones de impugnación y ejecución de sentencias, se hundieron un 62 por ciento en 2018, al pasar de 112 en 2017 a solo 42, y menguaron hasta solo cuatro en 2020, un 96 por ciento menos que antes de que Pedro Sánchez llegara a La Moncloa. Por último, las peticiones de informes disminuyeron un 56 por ciento en 2018, hasta 10 desde las 23 del año anterior, y cerraron 2020 en solo cinco, un 78 por ciento menos.

La responsable de exigir el cumplimiento de la legalidad en el territorio es la Delegación del Gobierno en cada autonomía , que en el caso de Cataluña encabeza Teresa Cunillera desde que Sánchez llegó al poder. Ella es la que, según la ley, debe ordenar a la Abogacía del Estado que actúe cuando una administración local contraviene la legalidad ya que este órgano no actúa de oficio.

Sin embargo , la tolerancia de Cunillera frente a los ataques de los ayuntamientos independentistas a la legalidad es evidente en la evolución de los todos los instrumentos jurídicos con los que cuenta la Administración Central para hacer cumplir la ley. La sentencia del Tribunal Supremo que obligó en julio a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a volver a colocar la imagen del Rey en la sala de plenos del ayuntamiento procede de la etapa popular, cuando María de los Llanos de Luna ocupaba el puesto de Cunillera.

Con ella al frente de la delegación del Gobierno se alcanzaron la cifras más altas de actuaciones contra los ataques a la legalidad de los ayuntamientos independentistas. Ocupó este puesto desde el inicio del 'procès' hasta la Operación Diálogo de Rajoy, cuando fue relevada a petición del secesionismo. Ahora, en declaraciones a ABC, advierte que el Ejecutivo de Sánchez está cometiendo una «absoluta dejación de funciones». «Durante 2011 y 2016, la Delegación de Gobierno en Cataluña interpuso 155 demandas contra ayuntamientos por incumplimiento de la ley de banderas; 209 demandas por pagar con dinero público la cuota a la AMI (Asociación de Municipios por la Independencia); y 132 demandas por insumisión y soberanía fiscal contra los ayuntamientos que se declararon estado libre catalán», dice.

«En cambio, desde la llegada de Sánchez al Ejecutivo, la Abogacía del Estado no ha interpuesto ninguna demanda en defensa de los símbolos constitucionales», subraya, haciendo hincapié en que «la mayoría de municipios de Cataluña incumple de manera generalizada la ley de banderas». Es decir, que no aparece la bandera española en la fachada de los edificios públicos. «Hay municipios en cuyos ayuntamientos no hay ningún símbolo constitucional español, ni banderas oficiales, ni efigies del jefe del Estado». A su juicio, «Sánchez está haciendo un uso partidista de la Abogacía al no darle las instrucciones para que actúe para restaurar la legalidad». Este cuerpo se suma así a la lista de instituciones públicas que ven minado su prestigio tras el paso de Sánchez por La Moncloa.