El Gobierno se conforma con que no haya sentencia antes de las catalanas

El temor tanto en Ferraz como en la calle Nicaragua de Barcelona (sede del PSC) era encontrarse con una «bomba de relojería» política, en palabras de un alto cargo, que polarizara la campaña entre unos nacionalistas agraviados, CiU y ERC, y un PP triunfante con la sentencia en la mano. «Lo razonable es que se apliquen los mecanismos de la ley, que se designe otra ponencia y continúe el debate; tenemos que esperar», dijo ayer la vicepresidenta primera.

La sombra de la renovación

Todavía no se conocía en ese momento de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la hasta ahora ponente magistrada Elisa Pérez Vera ya no seguirá con su cometido y que lo asume el conservador Guillermo Jiménez. Ni siquiera ese asunto -nuclear y nefasto para el texto que Zapatero fraguó con Artur Mas en la sede de la Presidencia del Gobierno, pues pueden limarse aspectos muy sustantivos del texto- parecía ensombrecer esa apariencia de alivio.

Las fuentes consultadas por ABC prefieren abonarse a la tesis de la «número dos» del gabinete: es un debate «largo» y el recurso del PP contra «es uno de los más extensos, si no el más extenso» al que ha tenido que enfrentarse el tribunal.

Entre los socialistas se optaba también por culpar al PP de este retraso de cuatro años, al que el partido de Génova habría contribuido al «bloquear la renovación del TC» por proponer al PSOE «nombres imposibles de admitir». Eso y el consiguiente encastillamiento de cada magistrado en su posición, lo cual hace casi imposible a estas alturas del debate lograr un consenso de éste TC.

Se da la circunstancia de que el nuevo ponente, Guillermo Jiménez es uno de los magistrados cuyo mandato concluía en diciembre de 2007, junto con los de la presidenta, María Emilia Casas y los magistrados Vicente Conde y Jorge Rodríguez-Zapata.