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El Gobierno confía en Junqueras para imponer la vía pactista en ERC

Esquerra decide hoy en su congreso en Barcelona la línea política para el futuro

Oriol Junqueras el pasado mes de mayo en el Congreso de los Diputados EFE
Víctor Ruiz de Almirón

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Desde el Gobierno y desde ERC se emitieron ayer señales claras en favor de poder alcanzar un acuerdo de cara a la investidura. Hasta el punto de que desde la rueda de prensa del Consejo de Ministros se lanzó un mensaje nítido: « El Gobierno no ha renunciado para nada a poder conseguir la investidura antes de fin de año . Se trabaja para ello», dijo la portavoz del Ejecutivo en funciones, Isabel Celaá, tras la reunión del Consejo de Ministros.

El motivo de que ese escenario no se descarte, pese al fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), es que existe la convicción de que no habrá problemas con el acuerdo en sí, que planteará la creación de una mesa de negociación para afrontar el «conflicto político» . Y saben que la clave está en que la dirección de ERC pueda aterrizar a todo su partido hacia estas posiciones.

Entienden, en las filas socialistas, que la congelación de las negociaciones que planteó ERC fue algo que tenían que hacer antes de afrontar su congreso este sábado. Una sensación reforzada por las palabras pronunciadas por Oriol Junqueras en una entrevista para Catalunya Ràdio, realizada entre la decisión del TJUE –la mañana del jueves– y el enfriamiento público de las negociaciones anunciado por Marta Vilalta –en la tarde del jueves–, portavoz de ERC y negociadora directa con el PSOE para la investidura.

Junqueras, que lidera el partido desde la prisión de Lledoners (Barcelona), a la pregunta sobre si, desde su perspectiva, se tenía que frenar la negociación con el PSOE, a la espera de ver cómo se aplica la sentencia del TJUE, aseguró que: «No se ha de parar la negociación en ningún caso. Se ha de estar dispuesto a dialogar siempre, con todo el mundo, siempre... independientemente de que yo esté o no en la prisión. Porque hemos de trabajar para proteger y cuidar los derechos de todas las personas. No hacerlo sería traicionarnos a nosotros mismos».

La propia Celaá se aferró en varias ocasiones a esta reflexión de Junqueras para justificar su posición. En su comparecencia, tras el Consejo de Ministros, la portavoz insistió en que «para nada» las negociaciones deben verse alteradas «en su resultado final en lo que al PSOE se refiere». Y no solo en lo que puede responder el Gobierno. Sino que en varias ocasiones hizo referencia a las palabras de Junqueras respecto a no detener la negociación. «Si Junqueras dice lo propio no habrá ningún obstáculo» . Confiar en el líder de ERC vuelve a ser el gran argumento de peso de un Gobierno de España. Como si nunca hubiese pasado nada por proceder igual.

El Gobierno cree que el fallo del TJUE conocido el jueves «establece algún obstáculo» en su intento por llegar a un acuerdo con los independentistas, lo que Celaá llamó «el camino que veníamos construyendo». Pero en último término el Ejecutivo entiende que hay que aislar el plano político del judicial. Y, aunque reconoce obstáculos, inmediatamente después de hacerlo Celaá consideró que «no debe ser ningún obstáculo para poder seguir construyendo políticamente el encuentro que se está trabajando».

La Abogacía del Estado

Pero no hay que olvidar que en el mes de junio la Abogacía del Estado ya se manifestó a favor de que Junqueras recogiese su acta de eurodiputado. Para que los plazos puedan cumplirse, si ERC mantiene la voluntad de esperar a sus argumentaciones, ese escrito debería presentarse de forma inminente. El Gobierno aseguró el jueves que lo haría «en los próximos días», defendió que no debe «prejuzgarse su posición» y aseguró que el Gobierno «no da instrucciones ad hoc» a la Abogacía General del Estado

Eso sí, advirtió Celaá de que no puede plantearse nada, respecto a la excarcelación de Junqueras, como contrapartida en la negociación, cuando se le preguntó por ello: «De ninguna manera va a aceptar ningún condicionamiento de la Justicia en la política ni de la política en la Justicia».

El Gobierno, en este sentido, tiene comprado completamente el marco independentista de «no judicializar la política». Hasta el punto de que ahora pretende utilizarlo a su favor para pedir que la decisión del TJUE no afecte a la negociación. Y para seguir reconfigurando un relato que carga todo el peso de la situación actual en la gestión del Gobierno de Mariano Rajoy (PP). Ayer, Celaá volvió a hacerlo cuando aseguró que «bastante ha sido la herencia que se nos ha dejado, que es la sentencia del 14 de octubre por haber tratado lo que era político por el ámbito judicial».

La próxima clave la veremos mañana, según lo que apruebe, finalmente, ERC en su congreso, cuya dirección presenta su ponencia política con la unilateralidad como vía para conseguir la independencia de Cataluña, objetivo principal de ERC. A partir de ahí todavía habría tiempo para cerrar un acuerdo entre el PSOE y ERC antes del lunes. Para que la investidura arranque el día 27, el pleno del Congreso de los Diputados podría convocarse con tan solo un día de antelación. Pero desde el entorno de Meritxell Batet, presidenta de la Cámara Baja, ya se apuntaba el jueves que, debido a las fechas navideñas, los diputados tendrían que conocer la fecha de un pleno de investidura a celebrarse este año 2019 como muy tarde el día 24.

«Volverlo a intentar»

Pase lo que pase este fin de semana y el lunes, pese a la voluntad de llegar a un acuerdo entre independentistas y socialistas, tal y como señalan fuentes de ambos partidos a ABC, la realidad es que la resaca de la sentencia del TJUE complica la situación política. Sobre todo por la fuerza e influencia que está redoblando en el mundo secesionista Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat fugado de la Justicia y que ayer recogío en Bruselas (Bélgica), en la sede del Parlamento Europeo, su acta provisional como eurodiputado. La victoria judicial de Junqueras sonríe a Puigdemont.

Con esto, ni ERC ni Junqueras renuncian a la secesión y a conseguir que Cataluña se convierta en un país independiente. Tampoco por la vía unilateral, que fue lo que se intentó en 2017, tras el referéndum ilegal del 1 de octubre y dos declaraciones de secesión desde el Parlamento autonómico. Así lo vino a confirmar Junqueras en la misma entrevista que le sirvió a Celaá, ayer, para mostrar optimismo, desmintiendo así a José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE, ministro de Fomento en funciones y negociador con ERC, que esta semana se mostró convencido de que los independentistas habían renunciado a la vía unilateral.

En un tono desafiante, Junqueras lo dejó claro en la entrevista: «Nada de lo que hicimos (en 2017) era delito, no solo era legítimo, sino que era legal, y nos hemos ganado el derecho a volverlo a intentar. Asumimos los riesgos que implicaba intentarlo, y uno de estos riesgos era estar en prisión, y aquí estamos».

La victoria judicial de Junqueras se le vuelve en contra políticamente, a corto plazo. Su dificultad será cuadrar el círculo: pactar con el PSOE y ganar a Puigdemont en las elecciones autonómicas, que pueden convocarse en cualquier momento, ya que Quim Torra, presidente de la Generalitat, cuenta los días que le quedan hasta que el Supremo confirme su inhabilitación.

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