El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, el investigador de la causa del «prcoés» - ÓSCAR DEL POZO

El Gobierno confía en que Alemania abra la puerta a la entrega del resto de fugados

La Fiscalía germana pide la entrega de Puigdemont a España por los delitos de rebelión y malversación: ignoró los avisos de violencia el 1-O

Berlín - MadridActualizado:

España está viviendo en sus propias carnes cómo la teórica cooperación judicial y esa confianza recíproca entre países de la Unión Europea se está convirtiendo en una carrera de obstáculos en la que conseguir algo tan básico como el respeto a resoluciones judiciales ajenas es una empresa difícil.

El Estado de Derecho ganó ayer la primera de las batallas de una guerra que se avecina larga y que puede poner en jaque los propios cimientos de la Unión y la credibilidad en la euroorden, una herramienta que, si bien ha funcionado en los últimos quince años, dejaría en evidencia en las próximas semanas graves deficiencias en la cooperación judicial.

Aunque la Fiscalía alemana informó ayer a favor de la entrega a España de Carles Puigdemont por los dos delitos por los que ha sido reclamado por el juez Pablo Llarena -rebelión y malversación-, todo apunta a que queda un largo camino para que los siete procesados por el Tribunal Supremo, y que permanecen fuera de España, se sienten en el banquillo. No es casualidad que los cabecillas del órdago secesionista -muchos de ellos llevan cinco meses campando a sus anchas por Europa y anunciando a bombo y platillo sus desplazamientos- se hayan refugiado en países cuyos códigos penales recogen con recelo tipos delictivos similares a la rebelión exigiendo un componente de violencia cuyo análisis queda en la práctica al arbitrio de un juez o tribunal.

Preocupación

Satisfecho con el triunfo en este primer asalto, el Gobierno no oculta su preocupación por el destino de los otros cinco huidos que están reclamados por la justicia española. «Una Unión Europea basada en la confianza entre países miembros no debería entrar a cuestionar las conclusiones a las que ha llegado un juez que ha estudiado un caso durante meses, igual que en el mercado financiero europeo nadie cuestiona la veracidad de los documentos comunitarios», señalan fuentes próximas al Ejecutivo.

Aun así, el Gobierno español se muestra optimista respecto al horizonte penal de los siete procesados. Confían en que, al ser el primero, el proceso de Alemania sirva como modelo de referencia para el resto de países que han de decidir sobre la entrega del resto de huidos.

Los cuatro exconsejeros de la Generalitat que se fugaron con Puigdemont el pasado octubre, y las exdiputadas de ERC y la CUP, Marta Rovira y Anna Gabriel, están hoy repartidos en tres países (Bélgica, Reino Unido y Suiza) cuyas autoridades judiciales tienen que decidir también -salvo en el caso de Anna Gabriel, que no ha sido reclamada internacionalmente- sobre las órdenes de detención cursadas por el Tribunal Supremo.

En el Ejecutivo son conscientes de que en estos momentos España está bajo la lupa de la Unión Europea, pero también del coste que supondría para la credibilidad de la propia UE el hecho de que se produjeran resoluciones contradictorias en los distintos países que tienen que pronunciarse al respecto.

Algo chirría cuando, consciente de que la justicia belga podía propinar un varapalo a la española, el juez Pablo Llarena decidió retirar en diciembre pasado las órdenes de detención internacional que había cursado su compañera de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. El magistrado quiso esperar al auto de procesamiento para poner sobre la mesa indicios más sólidos de esa rebelión contra el expresidente y los exconsejeros, unos indicios que luego se trasladarían también a la exdiputada de ERC y número dos de Oriol Junqueras, Marta Rovira. Los exconsejeros Ponsatí (en Escocia), y Serret, Comin y Puig (en Bélgica) esperan la decisión de los tribunales respectivos en libertad, mientras que de Marta Rovira nada se sabe. Por lo pronto, tanto ella como Anna Gabriel escogieron Suiza como destino conscientes de que un proceso de extradición en este caso (no rige la euroorden al no estar en la UE) obstaculizaría su entrega a España.

El mayor problema que plantea la euroorden es que si el delito por el que se reclama a un prófugo no forma parte de la lista de los 32 recogidos por los países miembros, la entrega ya no es automática y queda sujeta al principio de la doble incriminación, es decir, que el delito esté tipificado en la legislación del país al que se reclama al encausado.

Cooperación judicial

En ninguno de los cuatro países la rebelión existe como tal; sí el delito de alta traición (Alemania y Reino Unido); el ataque a la autoridad policial (Bélgica) o el castigo a las conductas relacionadas con el intento de secesión de un territorio (Suiza).

La particularidad de este proceso es que se puede dar el caso de que algún procesado sea entregado por los dos delitos reclamados, otro por solo alguno de ellos y con otro directamente se deniegue la entrega. Teniendo en cuenta que el núcleo duro del «procés» está procesado por los mismos hechos esto generaría un agravio entre unos y otros encausados.

Fuentes del Alto Tribunal consideran que la Justicia española ha hecho todo lo que tenía que hacer y ahora solo cabe confiar en la cooperación judicial y en ese principio de confianza y reciprocidad que rige las relaciones entre países de la UE.

De momento, con la decisión de la Fiscalía alemana, ayer, ha venido el primer pronunciamiento favorable al Estado de Derecho español. «Tras un exhaustivo análisis de la orden de detención europea del Tribunal Supremo de Madrid del 23 de marzo de 2018, la Fiscalía General ha tomado la decisión de presentar una pertinente solicitud de extradición por los delitos de rebelión y malversación de fondos», señaló el órgano a través de un comunicado. En esa nota se refiere de forma explícita al procesamiento de Puigdemont en España tras haber convocado un referéndum ilegal a pesar de la advertencia policial de que se esperaban altercados violentos.

Alta traición

En declaraciones a ABC, la portavoz de la Fiscalía, Wiebke Hoffelner, explicó que «hemos examinado en profundidad la orden de detención europea y hemos llegado a la conclusión de que es admisible y pertinente por los delitos expuestos por las autoridades judiciales españolas, de malversación de dinero público y de rebelión, tras comprobar que se corresponde con el delito de alta traición tipificado en nuestro Código Penal». La segunda petición de calado que hizo la Fiscalía ayer fue la de solicitar que el expresidente autonómico espere la decisión del tribunal en prisión -y no en libertad provisional con medidas cautelares- ante el riesgo de fuga existente. De hecho, hace ocho días, Puigdemont protagonizó una nueva huida desde Finlandia cuando trascendió que el juez Llarena había reactivado la orden de detención internacional contra él y otros cinco huidos.

La decisión de los tres jueces en cuyas manos está el horizonte penal del «expresident» no se va a hacer esperar, según anunció la jueza y portavoz del tribunal. Frauke Holmer aclaró que no van a apresurarse más que con cualquier otro expediente y que lo importante no son los plazos, sino el cumplimiento de todas las garantías. Aun así, habló de «un par de días» en referencia a lo que podría tardar el tribunal en emitir la decisión definitiva. «No les puedo decir cuánto va a durar, la solicitud ha llegado hace una hora y media, pero me puedo imaginar que dure un par de días aunque no puedo decir cuánto exactamente». El plazo máximo de la entrega en una euroorden es de 60 días prorrogables a 90.

Tras realizar la magistrada Holmer estas declaraciones, los abogados de Puigdemont pasaron a la acción con el objetivo de dilatar al máximo la entrega. A pesar de que los expertos consultados coinciden en que los recursos no tienen visos de prosperar -al no ser recurrible la decisión que el tribunal regional tome- sí pueden servir para prolongar su estancia en Alemania.