El Gobierno aumenta la responsabilidad de los notarios en la lucha contra el blanqueo

N. C. / P. M / J. M. C./
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MADRID/MÁLAGA. El Gobierno ha decidido hacer más estricta la normativa a la que deben someterse los notarios en materia de prevención de blanqueo de dinero. A partir del próximo 22 de abril, estarán obligados a dar cuenta por escrito al Banco de España de todas las operaciones que les resulten sospechosas, según la reforma normativa publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 22 de enero.

Así lo anunció ayer el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, durante una rueda de prensa en la que también explicó que se trata de una modificación del Reglamento para la Prevención del Blanqueo de Capitales y otras normas de Regulación del Sistema Bancario, Financiero y Asegurador que vinculará a notarios, abogados y procuradores como «sujetos obligados», y no como meros colaboradores, a la hora de detectar operaciones de lavado de dinero.

Así, y según señaló López Aguilar al término de una reunión con el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Álvaro Gil Robles, el real decreto por el que se aprobó este reglamento incide en diversas medidas «para potenciar la productividad y transparencia de las Administraciones Públicas».

«Trazar el dinero»

Entre esas medidas se recoge el mandato expreso de que los notarios deban dar cuenta por escrito de operaciones sospechosas de constituir blanqueo de capitales por la gran cantidad de dinero que mueven y por no justificar la procedencia del mismo. Los profesionales deberán dirigirse al Servicio Ejecutivo para la Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), organismo dependiente del Banco de España.

La pista del dinero es un elemento que el ministro de Justicia calificó como «crucial» en la lucha contra el crimen organizado, incluido el terrorismo; de ahí la importancia de la información que puedan aportar profesionales como notarios, abogados y procuradores sobre compraventas inmobiliarias o de sociedades, aportaciones para la creación, funcionamiento o gestión de empresas o cualquier otra transacción financiera e inmobiliaria. «No combatiremos ninguna forma de criminalidad organizada si no somos capaces de trazar el dinero», aseveró López Aguilar.

La directora general de Registros y del Notariado, Pilar Blanco, indicó que la reforma se ha llevado a cabo «a impulso de la nueva normativa comunitaria» y puntualizó que mientras el artículo 2 incluye a los notarios entre los «sujetos obligados» a comunicar operaciones sospechosas de las que tengan conocimiento, el artículo 27.3 establece que los registradores de la propiedad y mercantiles están sujetos a un régimen de mera colaboración.

Fuentes consultadas por ABC aseguran que en la práctica es muy complicado para los profesionales detectar la posible vinculación de sus clientes con negocios ilícitos así como conocer la procedencia del capital con el que, por ejemplo, quieren constituir una sociedad. «No tienen manera de saber más de lo que les dicen», señalan fuentes jurídicas, convencidas de que «el control debe centrarse en los flujos de capital, es decir, estar en manos de los bancos». Y se preguntan cuáles son los indicios que deben dar la voz de alarma a un notario: «¿Que llegue al despacho una persona de un país árabe, que quiera constituir más de una sociedad o que una empresa de Islas Caimán decida tener un negocio en España? ¿Tiene eso que ser necesariamente delictivo?». En opinión de los profesionales, es muy delicado tener la seguridad de que detrás de una operación de un cliente hay una trama delictiva y, en ese sentido, aseguran que «lo lógico es no aceptar a dicho cliente, pero denunciarle es complicado porque no se le pone en tela de juicio sin fehaciencia».

Dispuestos a ir a Estrasburgo

Las reformas anunciadas por el ministro de Justicia han adquirido mayor relevancia pública como consecuencia de la «operación Ballena Blanca» desarrollada en la Costa del Sol. Fuentes próximas a los tres notarios detenidos por la Policía han precisado que los implicados no ponen en cuestión las investigaciones, sino que simplemente consideran que su actuación responde a unas normas de conducta habituales de este tipo de profesionales. De cualquier forma, están dispuestos a acudir a Estrasburgo si se mantienen los cargos contra ellos. Alegan también que ellos no podían suponer, porque no tenían elementos para acreditarlo, que las operaciones que llegaban a su despacho tenían su origen en actividades ilícitas. En Marbella se les considera profesionales «muy meticulosas en su trabajo, que no pasaban por alto ni el más mínimo detalle para estampar su firma».