Isabel Celaá, portavoz del Gobierno - EFE

El Gobierno asiste con «respeto y normalidad» a la reapertura de las «embajadas» catalanas

El Ejecutivo no prevé promover acercamientos a cárceles catalanas de los presos del 1-O mientras dure la instrucción

MadridActualizado:

Tras el fin del artículo 155 una de las primeras decisiones del Gobierno de Quim Torra ha sido la de proceder a la reapertura de las oficinas de la Generalitat de Cataluña en el exterior. Fueron clausuradas por la intervención constitucional y consideradas clave en la difusión de la propaganda independentistas. Pero el Gobierno de Pedro Sánchez no considera que, pese a que Torra mantiene sus propósitos, exista motivo de preocupación.

En el propósito de «normalizar» las relaciones políticas con la Generalitat de Cataluña, el Gobierno mira para otro lado en esta cuestión. «Asistimos con respeto a la apertura de embajadas», porque así las ha llamado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá. que ha insistido en no prejuzgar acciones irregulares: «Vamos a mirarlo con normalidad». Celaá se ha limitado a decir que el Gobierno «tiene procedimientos para entrar a conocer qué se está haciendo».

No hay todavía novedades sobre cuándo se producirá el encuentro entre Pedro Sánchez y Quim Torra. Celaá sí ha anunciado hoy que la ronda de contactos del presidente del Gobierno con los presidentes autonómicos empezarán «antes de verano» y que se seguirá el orden de antigüedad de los estatutos de autonomía. Por tanto, la primera reunión la mantendrá Sánchez con Íñigo Urkullu y la segunda con Quim Torra.

Respecto a la posibilidad de se proceda al acercamiento de los presos independentistas, después de que el Gobierno llevase días asegurando que al ser preventivos la competencia era del juez instructor, Pablo Llarena, y que este rechazase ese argumento, el Ejecutivo mantiene la idea de no promover ningún acercamiento mientras dure la instrucción del caso.

«Es una cuestión de comunicación entre el Gobierno y el Poder Judicial y se actuará para el bien de todos», ha dicho Isabel Celaá como única explicación. No obstante, desde el Gobierno se asegura que la intención es no tomar ninguna decisión hasta que el juez Pablo Llarena. De momento, «para mayor facilidad deben estar cerca del instructor».

En otro momento se ha preguntado a Celaá nuevamente por el acercamiento a Cataluña, y también al País Vasco de presos de ETA ahora que la banda terrorista ha anunciado su disolución. La portavoz ha dicho que la cuestión no se ha abordado en el Consejo de ministros pero que «cuando las circunstancias cambian» también pueden «cambiar» las políticas.