El Gobierno de Aragón pagó 244.000 euros por un cargamento ‘fantasma’ de mascarillas

El Gobierno de Aragón no ha acertado a explicar por qué no hay ni rastro de algo tan elemental como el acta de recepción del cargamento por el que pagó un cuarto de millón de euros a una empresa radicada en los Países Bajos. Dice que sí que llegó, pero la palabra no sirve. La Administración tiene sus procedimientos tasados, y este requisito no existe en el expediente . De ahí que los auditores hayan concluido que no puede asegurarse oficialmente que llegaran esos guantes y mascarillas.Ni mucho menos que lo hicieran en la cantidad y calidad pactadas.

«Solicitada en reiteradas ocasiones, no se nos ha suministrado documentación acreditativa de la recepción de la mercancía», indican los auditores de la Cámara de Cuentas en este informe al que ha tenido acceso ABC, en el que afean que tampoco existan facturas regladas de esos pagos. Otro requisito esencial en todo expediente de pago por suministros, servicios u obras contratadas por las administraciones públicas. Sin la preceptiva factura ni el documento que acredite la llegada del cargamento, los auditores de la Cámara de Cuentas concluyen que «no se ha podido obtener evidencia de que se haya recibido el suministro».

La compra la contrató el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y la pagó por anticipado en los primeros días de abril de 2020. Se estaba en lo peor de la pandemia. Hospitales y residencias de ancianos sufrían un acusado desabastecimiento de material básico de protección para evitar contagios.

El Gobierno aragonés lo ocupa el cuatripartito formado por el PSOE, Podemos, los soberanistas de la Chunta y el PAR. El IASS es uno de los organismos controlados directamente por el ala socialista del Gobierno de Lambán. Ese organismo pertenece a la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales, que dirige María Victoria Broto.

A través del IASS, el Gobierno aragonés ha intentado evitar que estas irregularidades aparecieran en el informe de los auditores de la Cámara de Cuentas. Pero sus intentos han sido en vano. Han tenido meses de tiempo para aportar la documentación acreditativa, pero no lo han hecho. Las explicaciones que aportaron a los auditores, por escrito, no aclaran por qué falta un documento tan esencial como el acta de recepción del material. Y, sobre la ausencia de la factura original, dicen que intentaron recabarla del vendedor, pero que no dieron con él tras haberle pagado.

«Se intentó reiteradamente ponerse en contacto con la empresa, resultando totalmente imposible, careciendo en consecuencia de factura original con la que hacer el documento contable» oficial, dice la Administración autonómica en sus alegaciones. En cualquier caso, asegura que «pese a los defectos formales advertidos en el expediente, el servicio fue prestado por la empresa de conformidad». Sin embargo, en otro punto de sus alegaciones indica que parte de las mascarillas FFP2 no cumplían «las especificaciones de protección exigidas», aunque optaron por aprovecharlas en vez de devolverlas. Dicen que concertaron el arreglo con la empresa de forma bilateral: el suministrador facturó de más en concepto de un supuesto sobrecoste de transporte, exceso de precio que condonó al Gobierno aragonés a cambio de que diera por buenas las mascarillas defectuosas que le había endosado. Todo eso se formalizó a través de meros correos electrónicos, porque fue así fue como se tramitó ese voluminoso contrato, en vez de con facturas regladas y por administración electrónica.

Pese a no aportar los documentos oficiales preceptivos, el Gobierno aragonés pretendía que la Cámara de Cuentas, en vez de evidenciar las irregularidades, dijera que todo se había hecho correctamente. Incluso envió un escrito a los auditores en el que les indicaba, textualmente, cómo le gustaría al Gobierno aragonés que quedara escrito el informe, con la siguiente frase: «Pese a que la tramitación del expediente se llevó a cabo de forma correcta y el suministro de material se hizo de forma efectiva, el suministrador no facilitó las facturas originales». Los auditores se han negado en redondo a introducir tal frase, por entender que en absoluto se puede decir que el trámite fue el correcto ni que hay constancia de que el contrato se cumplió. Lo único que está claro y confirmado documentalmente es que el Gobierno de Lambán pagó un cuarto de millón de fondos públicos.