El Gobierno acumula ya 425 peticiones de documentación sin responder sobre el Covid o la crisis

Ante esta situación, la dirigente popular pide amparo a Batet mediante un escrito registrado en el Congreso al que ha tenido acceso ABC. Este es un paso previsto en el Reglamento de la Cámara y si la presidenta de la Cámara lo desatiende o el Gobierno mantiene su actitud, los populares quedarían legitimados para llevar el caso ante el Tribunal Supremo.

El documento denuncia que las 425 peticiones de información ignoradas por el Gobierno equivalen a más de un 30 por ciento de todas las presentadas por los populares. «Muchas de ellas corresponden a la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia o al estado de alarma, y otras muchas, a cuestiones que preocupan a los españoles como la crisis económica y social generada por este Gobierno negligente. Un auténtico escándalo», señala la petición de amparo, firmada por Cuca Gamarra.

Entre los documentos que el Ejecutivo no quiere entregar se encuentran las actas de las reuniones celebradas para hacer frente al Covid antes del estado de alarma, el informe del Departamento de Seguridad Nacional sobre los datos utilizados por la Comisión Interministerial sobre el coronavirus o el informe de Sanidad sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. También hay un amplio bloque dedicado a las compras de material de protección realizadas por el Gobierno, incluyendo la petición de los expedientes de aquellos contratos que incluyeron mascarillas defectuosas posteriormente retiradas. Tampoco han tenido respuesta las peticiones de los documentos que debían avalar la eficacia del material sanitario que se adquiría o las actas de la apertura de sobres con las propuestas económicas de los distintos intermediarios que pujaron por contratos públicos durante el estado de alarma. Al margen del Covid, el Gobierno tampoco quiere entregar a los populares los informes sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de la Libertad Sexual, el Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado o los remitidos por la Representación Permanente de España en la Unión Europea al Departamento de Seguridad Nacional.

Buena parte de estas peticiones tienen más de un año antigüedad y muchas de ellas se remontan incluso a la primavera de 2020, cuando el plazo que el Reglamento concede al Gobierno para remitir documentación a las Cortes es un máximo de 30 días. El Gobierno combina esta estrategia de mantener oculta cierta información con la de elaborar una respuesta tipo para las preguntas escritas de los diputados sobre las polémicas que le incomodan. Así, por ejemplo, la pasada primavera, el Gobierno despachó 33 cuestiones distintas formuladas por PP y Vox sobre Plus Ultra con un mismo enunciado que no contestaba a las mismas sino que se limitaba a remitir a las intervenciones de la ministra de Hacienda en los plenos del Congreso.

De este modo, Gamarra aprovecha su petición de amparo a Batet para denunciar que no se trata de un hecho aislado sino de una estrategia persistente del Gobierno para dificultar que la oposición pueda controlar su acción política. El escrito denuncia «permanentes vulneraciones» por parte del Ejecutivo al Reglamento, «la búsqueda permanente de mecanismos» para «eludir» el control del Congreso, «obstáculos permanentes» para que los diputados puedan ejercer su labor o una insitente «falta de transparencia». Siguiendo este hilo, Gamarra vaticina que la coalición gubernamental pasará «a la historia» por «su absoluto desprecio al poder legislativo» y sus «continuos intentos de silenciar a quienes en uso legítimo de su función cumplen con su obligación». Para los populares, la actitud del Gobierno es «una muestra más del desprecio al que desea someter a los diputados de la oposición».

El Ejecutivo ya tiene abiertas causas en el Supremo por no facilitar información a los diputados , en las que la Fiscalía y los letrados del Congreso han secundado los argumentos de los conservadores. Ahora, la presidenta de la Cámara tendrá que elegir entre recordar al Gobierno su obligación constitucional de entregar la documentación solicitada por los parlamentarios del PP o amparar una ocultación que puede acabar en los tribunales.