«Gibraltar va a estar mejor fuera de la Unión Europea que dentro»

Con 64.000 dólares por persona, Gibraltar es el territorio con la tercera renta per cápita más alta del mundo, según recoge Fernando Eguidazu, exsecretario de Estado para la UE, en un artículo publicado por el Real Instituto Elcano. Con una población estimada de 34.000 habitantes, sus autoridades aseguran que hay 18.000 empresas, una por cada dos habitantes —algunas fuentes, según Eguidazu, elevan esta cifra hasta las 80.000—. Además, si el tabaco que se vende en la colonia se quedara dentro de sus fronteras, cada ciudadano, niños incluidos, tendría que fumar 10 cajetillas diarias .

La mayoría del tabaco acaba cruzando de contrabando al otro lado de «la Verja», donde la situación es muy diferente. En la comarca que rodea al Peñón, el Campo de Gibraltar, la renta per cápita es una sexta parte de la gibraltareña, lo que el exministro García-Margallo ilustra con una comparación: la diferencia es mayor que la existente entre Estados Unidos y México .

Como informó ABC tras el visto bueno del Congreso al tratado, PP y Vox denunciaron que el texto -rubricado en marzo de 2019 por el entonces ministro Josep Borrell- consagraba el paraíso fiscal existente en Gibraltar . Ambos partidos se lamentaban de que España, con el Brexit, había perdido una oportunidad histórica para negociar un texto más ventajoso. En cambio, Laya defendió que se corregían desniveles fiscales existentes hasta ahora y se evitaba la consolidación de la colonia como «epicentro del blanqueo de capitales». Además, aseguró que establecía unas «reglas claras» para resolver los conflictos derivados de la residencia fiscal.

Para García-Margallo, este acuerdo no solo no va a solucionar nada, sino que se limita a ceder y vender como un éxito unas condiciones que Gibraltar iba a tener que cumplir igualmente tras la salida del Reino Unido de la UE. En su opinión, la colonia «va a estar mejor fuera de la UE que dentro».

En mitad de las negociaciones del Brexit, cuando España tiene la sartén por el mango —lo que acuerden el Reino Unido y la UE solo se aplicará en el Peñón si España lo aprueba—, no solo «no se aprovecha la oportunidad de establecer la cosoberanía» sino que se «santifica una situación fiscal que es ofensiva», afirma el exministro.

Además, García-Margallo ve cierto interés en que este documento pase sus trámites parlamentarios durante el periodo estival y cuando la sociedad española está preocupada por el coronavirus -«¿por qué se hace con nocturnidad?», se pregunta-. Sospechoso le resulta también el silencio de Gibraltar, que ni siquiera se quejó ante el presidente del Parlamento Europeo tras la aprobación, el 12 de febrero, de un mandato que recogía las condiciones que se debían seguir en las negociaciones para el Brexit. El apartado 21 sostenía que el Reino Unido debía participar en la evolución normativa «en materia de imposición fiscal y lucha contra el blanqueo de capitales», además de «abordar la situación respectiva de sus territorios de ultramar [...] y su incumplimiento de los criterios de buena gobernanza y los requisitos de transparencia de la Unión».

Los gobiernos de otros territorios británicos de ultramar—Guernsey, Jersey y la Isla de Man— sí que protestaron contra ese texto. En una misiva conjunta al presidente del Parlamento Europeo aseguraron que era «incorrecto» dar a entender que sus jurisdicciones no cumplían con ese criterio. El Peñón no dijo nada , algo que García-Margallo, que ahora es miembro de la Eurocámara, relaciona con el acuerdo fiscal alcanzado con España. Tras insistir en que se trata del «primer tratado desde 1713», manifiesta: «No han sacado pecho sobre esto porque no quieren que haya ruido». Para él, el objetivo es que la colonia deje de ser considerada un paraíso fiscal.

La protesta de esos gobiernos fue tenida en cuenta y el apartado estuvo a punto de ser modificado, sostiene García-Margallo, que protestó durante un pleno. «El Gobierno español podrá ignorar esta situación, pero la UE no puede tolerarlo, y eso debe dejarlo claro en las próximas negociaciones», afirmó. El texto, finalmente, salió adelante con un pequeño matiz: obligaba al Reino Unido a «abordar» el «cumplimiento» de esos criterios y requisitos en los territorios de ultramar, no «su incumplimiento».