Génova se inclina por una suspensión de un año, revisable, a Cobo y Costa
Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid

Génova se inclina por una suspensión de un año, revisable, a Cobo y Costa

Un año de suspensión de militancia con carácter revisable parece ser la fórmula por la que se inclina la dirección del PP para «castigar» a los díscolos

CRISTINA DE LA HOZ | MADRID
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Un año de suspensión de militancia con carácter revisable parece ser la fórmula por la que se inclina la dirección del PP para «castigar» a los díscolos Manuel Cobo y Ricardo Costa, por infracción grave. En todo caso, no se podrá mantener durante mucho tiempo la incógnita respecto a la propuesta de medidas disciplinarias a aplicar, puesto que el plazo máximo de tramitación de ambos expedientes se cumple el 3 de febrero y ya es improrrogable.

De este modo, por mucho que políticamente no le convenga al primer partido de la oposición «resucitar» los casos de ambos políticos, ese día se cumplen tres meses desde la apertura del proceso disciplinario, el pasado 3 de noviembre, con la designación de sendos instructores, a quienes ha correspondido redactar el pliego de cargos.

Aplazamiento

El diputado por Murcia Andrés Ayala, -como instructor del expediente de Costa-, y el parlamentario regional por Toledo José Manuel Velasco, -encargado del caso de Cobo- iban a reunirse con el presidente del Comité de Derechos y Garantías, Alfonso Fernández Mañueco, y con el secretario de este órgano, Carlos Argos, a finales de diciembre, para tratar sobre las posibles sanciones. Sin embargo, la dirección nacional acordó aplazar la cita, ya ineludible.

La ampliación de la suspensión de militancia podría ser revisable, según fuentes populares, aunque los Estatutos sólo hablan de esta eventualidad en caso de expulsión. Además, se contabilizaría el tiempo que ya llevan cesantes. El próximo día 29 se cumplirán tres meses de la suspensión de Costa y el 4 de febrero de la de Cobo, aunque el inicio de la instrucción disciplinaria se produjo a la vez el 3 de noviembre.

En todo caso, la resolución final podría alargarse todavía un poco si los sancionados decidieran presentar alegaciones en su defensa, para lo que tienen quince días desde la recepción del pliego de cargos. A partir de ese momento, sin un plazo de tramitación concreto, el instructor podrá resolver el archivo del caso o la sanción que estime conveniente.

Aunque los motivos que llevaron a la suspensión cautelar de militancia de uno y otro no son miméticos, sí parece que ambos estén bajo el epígrafe de «infracciones graves» recogidas en los Estatutos del PP.

Al otrora mano derecha del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, le terminaron de «perder» unas declaraciones que hizo el 29 de octubre, cuando supuestamente apartado de su cargo como «número dos» del partido en la Comunidad declaró que «creo que, como militante, como secretario general, es importante que la dirección nacional ratifique la gestión del partido en estos años, ratifique mi gestión como secretario general y también ponga en valor mi honradez como militante, como ciudadano y como secretario general».

«Atribuirse cargos»

Después de que, por hasta tres veces, siguiera hablando en calidad de «secretario general», María Dolores de Cospedal convocó de urgencia al Comité de Derechos y de Garantías, que resolvió suspenderle de militancia y abrirle expediente. Además, nombró a un instructor de su confianza, diputado de la Cámara castellano-manchega. «Suplantar o atribuirse cargos o funciones de cualquier clase o naturaleza que no le corresponda» es el apartado disciplinario de los Estatutos que cabría aplicar al castellonense.

Por su parte, Cobo se despachó con unas sorprendentes declaraciones a «El País» el 26 de octubre en las que, con motivo de la disputa por la presidencia de Caja Madrid -«es de vómito lo que personas cercanas a Aguirre hacen con Rato», dijo-, arremetió a gusto contra Esperanza Aguirre y Francisco Granados. En su caso, sería de aplicación el artículo referido a «cualquier manifestación pública oral o escrita en los medios de comunicación que suponga descrédito, menosprecio o descalificación de cualquier afiliado al partido».