La Generalitat fulmina en televisión, radio y propaganda el sueldo de 2.500 médicos

En las cuentas del Gobierno catalán de 2017,el programa presupuestario denominado «Medios de Comunicación Social» fue dotado con 309 millones de euros. La Corporación Catalana de Medios de Comunicación supone el grueso. Con unos 2.300 trabajadores, es la empresa pública de la Generalitat que controla la TV3 –con sus múltiples canales-, la radio autonómica y la Agencia Catalana de Noticias (ACN)-. En el quinquenio 2012-2017, la Generalitat alimentó esta estructura mediática con alrededor de mil millones de euros de dinero público. En 2017 la subvencionó con 238 millones de euros –que salieron de esa partida presupuestaria global de 309 millones para «Medios de Comunicación Social»-.

Además, a esas transferencias directas de fondos hay que añadir el dinero que la Generalitat le da a su radiotelevisión por otras vías, caso de la publicidad institucional. Y, además de los fondos que acaban en su «hólding» multimedia, el Gobierno catalán también es generoso en cultivar sus relaciones con empresas periodísticas privadas por la vía de las subvenciones y la publicidad oficial.

Trabajar en la maquinaria mediática de la Generalitat sale a cuenta. El entramado de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales tuvo unos costes de personal de 160,96 millones de euros en 2017. Teniendo en cuenta la plantilla media que tuvo esa empresa pública el año pasado, el coste medio por trabajador ascendió a 69.679 euros –incluyendo cotizaciones a la Seguridad Social-. En el Gobierno de España, el sueldo bruto de un secretario de Estado ronda los 69.000 euros, y el de un ministro supera ligeramente los 71.000 euros.

La Sanidad pública catalana, mientras tanto, se queja de escasez de medios. Los médicos se han movilizado para alzar su voz contra la Generalitat y su gestión presupuestaria. Con esos 309 millones que Puigdemont reservó en 2017 al programa presupuestario «Medios de comunicación social» se podrían haber costeado los sueldos y cotizaciones de unos 2.500 médicos en la Sanidad pública catalana. El funcionamiento al completo de un hospital como el Clínico de Barcelona sale por menos de 500 millones al año, unos 250 de ellos para cubrir los costes de personal de sus 4.800 trabajadores.

Cataluña es la autonomía que menos porcentaje de su presupuesto dedica a Sanidad: solo el 28,8% en las cuentas de 2017 –las últimas aprobadas-, frente al 33,11% que arroja la media de todas las autonomías.

La Educación es otro de los sectores paganos de la gestión presupuestaria en la Generalitat. En 2017, con Puigdemont, Cataluña fue una de las cuatro regiones que menos parte de su presupuesto reservó a Educación. Sin embargo, en ese mismo presupuesto nutrió con especial generosidad el área de «política exterior», la dedicada a propagar en el extranjero el proyecto independentista, la «nación catalana».

Así, en 2017, Puigdemont reservó 35,6 millones de euros a su «cancillería», la Secretaría de Asuntos Exteriores y Unión Europea, en la que quedaron integradas las embajadas, la agencia «diplomática» Diplocat, la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo –considerada orgánicamente una pieza más de la «política exterior» catalana- y otros entes relacionados. Con esos 35,6 millones se podrían haber contratado unos 800 profesores, a tenor de los costes medios de personal que tiene la Consejería catalana de Enseñanza.

Cataluña maneja más dinero público por habitante que Madrid y, sin embargo, acumula el doble de deuda. El dato pone en evidencia la gestión de los sucesivos gobiernos de la Generalitat y tumba el recurrente «mantra» de los nacionalistas catalanes, el «España nos roba» con el que culpan al Estado de los males de sus arcas autonómicas. Contando todos los ingresos que obtuvieron las autonomías en el quinquenio 2011-2015 –excluida la parte conseguida a base de endeudamiento-, Cataluña fue el octavo gobierno regional que más recursos por habitante manejó. Es decir, está en la mitad superior de la tabla. Por ejemplo, disfrutó de un 33% más que la Comunidad de Madrid, a la que, sin embargo, dobla en deuda per cápita.

Tras años gastando muy por encima de sus posibilidades y al servicio de las preferencias nacionalistas, la Generalitat acumula una deuda pública de 78.459 millones de euros, según los últimos datos certificados por el Banco de España. En endeudamiento no tiene rival. Eso tiene un precio muy alto: en 2017, el recibo de la deuda –intereses y amortizaciones- se tragó el 18,4% de los ingresos de que dispuso la Generalitat, frente a una media del 15,2% en el conjunto de autonomías.

Eso explica, por ejemplo, que Cataluña se gaste este año unos 2.000 millones de euros más en pagar el recibo de la deuda que en Educación. Y cada año que pasa, el Ejecutivo catalán tiene que endeudarse más: el dinero que recibe prestado ya supone el 25% de sus ingresos reales de todo un año. Y esos préstamos los logra íntegramente del Gobierno de España.

Hace años que la deuda pública catalana está catalogada como «bono basura» y la Generalitat es incapaz de financiarse por sí sola en los mercados. Por eso es el Estado el que le presta el dinero, y además en condiciones muy ventajosas. La disparatada «prima de riesgo» que le correspondería pagar a la Generalitat se la ahorra gracias a la solidaridad del conjunto de España. El Estado es el mayor acreedor de la Generalitat tras seis años en los que le ha prestado más de 70.000 millones de euros. Cataluña ha sido, con mucho, la más beneficiada por el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Desde 2012, de todos los fondos extraordinarios habilitados por el Gobierno de España para financiar a las autonomías, la tercera parte han acabado en manos de la Generalitat.