La Generalitat cede ante la CUP y retira sus acusaciones por disturbios callejeros

Ha sido costumbre hasta ahora que tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Barcelona se personasen como parte perjudicada en casos de violencia callejera, algo que tras la llegada de Ada Colau a la alcaldía de la capital catalana y el acuerdo entre Junts pel Sí y los antisistema de la CUP se ha modificado. La consejera de la Presidencia y portavoz, Neus Munté , confirmó ayer en Catalunya Ràdio la «predisposición» del Gobierno catalán a dar ese paso «siempre y cuando no haya una lesión o un menosprecio de los funcionarios y los bienes públicos».

Ya en el inicio de las negociaciones entre la coalición formada por CDC y ERC con los anticapitalistas, estos pusieron sobre la mesa la necesidad de que la Generalitat se retirase de las causas que afectaban a alguno de sus activistas. En un primer momento, la CUP llegó a plantear la retirada de la acusación «en todos los procesos abiertos y pendientes por temas de persecución política, disidencia o desobediencia a leyes injustas», al entender que la acusación pública ya corresponde a la Fiscalía. La retirada general en todos los casos no fue aceptada por Junts pel Sí. Finalmente, y en un acuerdo que no se hizo público, la Generalitat concretó que desistiría de personarse en siete casos concretos, según daba cuenta ayer el diario «Ara», afectando a un total de 40 personas.

La decisión de la Generalitat es análoga a la que adoptó, a los dos meses de tomar posesión, el nuevo equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Barcelona, que desistió de personarse en 16 causas relacionadas con desórdenes públicos. El Consistorio señaló que en adelante solo se personaría en casos de trascendencia social, al entender que sumarse a la acusación en estos casos era una «anomalía democrática». La decisión de personarse en causas judiciales por disturbios se impuso como costumbre después de la ola de indignación ciudadana que se produjo en Barcelona en 2006 tras una noche de violencia callejera tras una victoria del Barça, en el enésimo epidosio de lo que se conoció como la «kale borracha».

Algunas de las causas en las que el Ayuntamiento dio un paso atrás coinciden ahora con las que ahora la Generalitat desiste, como es el caso de los incidentes de Can Vies o los de las huelgas de 2012.

Tras conocer la decisión de la Generalitat, el portavoz del PP en el Parlament, Enric Millo , señaló que sería «gravísimo» que el acuerdo de investidura con la CUP, alcanzado después de «negociaciones en despachos oscuros», incluyera esta retirada como condición, ya que, a su entender, significaría que «las acciones violentas van a estar permitidas en Cataluña». Por su parte, y en la misma línea, el portavoz parlamentario de C’s, Carlos Carrizosa , apuntó que «si eso fuera cierto nos parecería muy grave, porque supondría llevar las negociaciones políticas a sede judicial».

El exconsejero de Interior de la Generalitat Ramon Espadaler (Unió) fue rotundo al afirmar que «el Govern desautoriza y humilla a los Mossos al retirarse de las acusaciones particulares por imposición de la CUP»

En paralelo, la portavoz del PSC, Esther Niubó , apuntó que los socialistas pedirán «explicaciones detalladas, caso por caso»: «Deben explicar muy bien a cambio de qué o qué precio vale esta supuesta estabilidad que está por ver». Valentín Anadón , portavoz del sindicato SAP-UGT, mayoritario de los Mossos d’Esquadra, pidió en declaraciones a Efe la comparecencia urgente del consejero de Interior, al considerar que la decisión de la Generalitat genera un «agravio comparativo», ya que demostraría que «hay personas que están por encima de la ley».