Garzón se sienta en el banquillo por investigar los crímenes del franquismo
Se le acusa de un delito de prevaricación por haberse declarado competente
efe
El juez Baltasar Garzón volverá a sentarse el próximo martes en el banquillo del Tribunal Supremo acusado nuevamente de un delito de prevaricación, en esta ocasión por haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo.
Solo cinco días después de que ... quedara visto para sentencia el juicio por ordenar la intervención de las comunicaciones entre varios de los imputados en el caso Gürtel en prisión y sus abogados, Garzón se enfrenta a una petición de 20 años de inhabilitación formulada por la acusación popular, que ejercen conjuntamente el sindicato Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad.
Manos Limpias , sin representación en ningún centro de trabajo, tiene como secretario general al exdirigente de la formación ultraderechista Fuerza Nueva Miguel Bernad, mientras que Libertad e Identidad se define en su página web como «un grupo de ciudadanos de todos los rincones de la geografía española» que reclaman «un modelo moral más sólido» y el «redescubrimiento» de la nación española.
La causa llegó a contar con una tercera acusación, ejercida por Falange Española de las JONS , que se querelló contra el juez por considerar que la investigación abierta por este «perjudicó significativamente la imagen del partido» y que luego fue expulsada del procedimiento por no subsanar a tiempo los defectos formales advertidos por el instructor en su escrito de acusación.
«Sin competencia» para la investigación
El 16 de octubre de 2008, Baltasar Garzón, entonces al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, se declaró competente para investigar las denuncias de 22 asociaciones de familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo y autorizó la apertura de 19 fosas en toda España, entre ellas la que se creía albergaba los restos de Federico García Lorca.
En el auto, el juez apuntaba como responsables de los hechos a 35 altos cargos del régimen franquista, incluido el dictador Francisco Franco, cuyo certificado de defunción solicitó a efectos de declarar la extinción de la responsabilidad penal.
Apuntaba como responsables de los hechos a 35 altos cargos
La Fiscalía recurrió la decisión de Garzón y, el 28 de noviembre de 2008, el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó, por catorce votos contra tres, declarar que Garzón carecía de competencia para asumir esa investigación y que debían ser los Juzgados de cada demarcación los que decidieran sobre la apertura de las fosas.
El 27 de mayo de 2009, el Tribunal Supremo admitió a trámite la querella por prevaricación presentada contra el juez por Manos Limpias y designó instructor de la causa a uno de los más destacados representantes del ala progresista de la judicatura española, Luciano Varela , que un año después, el 12 de mayo de 2010, abrió juicio oral a Garzón.
En sus resoluciones, Varela sostiene que el juez «era consciente de que carecía de competencia» para investigar los crímenes del franquismo y de que «no existían hechos con relevancia penal» que justificaran la apertura de la causa, y le acusa de ignorar deliberadamente la Ley de Amnistía de 1977.
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