Garzón embarga 200.000 euros intervenidos al tesorero de Batasuna

Madrid. Agencias
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El juez Baltasar Garzón ha decretado el embargo de los 200.000 euros que les fueron intervenidos al tesorero nacional de Batasuna, Jon Gorrotxategi, y al técnico informático de esta formación, Mikel Corcuera Retegui, cuando el pasado marzo fueron detenidos en Francia tras cruzar la frontera desde Bélgica. 

Así lo ha ordenado el magistrado de la Audiencia Nacional en un auto en el que señala que esta decisión forma parte de las medidas de embargo sobre los bienes de Batasuna, acordadas por él para cubrir los más de 24 millones de euros que reclama a la formación como responsable civil de los daños ocasionados por la violencia callejera. 

Explica que por ello "los fondos intervenidos en Francia, deben quedar a disposición de éste Juzgado y de este procedimiento con el fin de evitar que pueda disponerse irregularmente de ellos", en el caso en que se acordara su devolución, y recuerda que tras decretar el pasado julio el embargo de las cuentas y bienes de Batasuna, el 26 de agosto acordó también la suspensión de sus actividades, medidas todas ellas ratificadas por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. 

Para poner en conocimiento de las autoridades francesas esta resolución, acuerda librar una comisión rogatoria a Francia y dar así "efectividad a lo mandado", para lo que, indica, "será de aplicación lo dispuesto en el Convenio de Asistencia Judicial en Materia Penal (...) y lo dispuesto en el Convenio para la persecución de la financiación del terrorismo de 1999, ratificado por España y Francia".    

Gorrotxategi y Corcuera fueron detenidos el pasado 22 de marzo cerca de Valenciennes (norte de Francia) tras cruzar la frontera desde Bélgica con más de 200.000 euros procedentes de la cuenta del eurodiputado de Batasuna Koldo Gorostiaga. La legislación francesa prohíbe entrar en el país con más de 7.622 euros en efectivo sin haber hecho una declaración previa, por lo que el tesorero de Batasuna alegó que no era consciente del requisito de declarar cantidades superiores a ese monto y explicó que el dinero iba destinado a actividades de la formación en el País Vasco.

Tras la detención de ambos, la Fiscalía antiterrorista de París abrió una investigación al sospechar que podía tratarse de un caso de financiación de terrorismo, y confió las pesquisas a la División Nacional Antiterrorista (DNAT) y a la policía judicial de Lille (norte). El 26 de marzo, la juez antiterrorista Laurence Le Vert les procesó por asociación de malhechores con fines terroristas y delito aduanero y posteriormente los dejó en libertad bajo control judicial. 

Días después, el 26 de abril, Gorrotxategi fue de nuevo detenido en el País Vasco junto a otras diez personas y todos ellos ingresaron en prisión por orden de Garzón acusados de ser los supuestos responsables de una red empresarial creada por ETA para blanquear, en sociedades constituidas en el exterior, ingresos procedentes de secuestros y del denominado impuesto revolucionario. 

Precisamente hoy, la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ratificó la medida de prisión provisional acordada por el juez para Gorrotxategi y los otros diez detenidos en esa misma operación. Estos son el ex miembro de la Mesa Nacional de HB RufinoEtxeberria; el miembro de la comisión ejecutiva de Udalbiltza(Asamblea de Municipios vascos) Joseba Mikel Garmendia; Patxi Jagoba Bengoa; José Luis Franco Suárez; Enrique Alaña Capanaga; Agustín María Rodríguez Burguete; Juan Ignacio Lizaso Arizaga; IdoiaArbelaiz Villaquiran; Vicente Enekotegui Ruiz de Azua; y JaioneIntxaurraga Uribarri. 

La sección cuarta adoptó esta decisión en un auto en el que desestima el recurso interpuesto contra el auto de prisión dictado por el juez que les imputó un delito de integración en organización terrorista, un delito continuado de falsedad contable "relativos a la llevanza de contabilidades falsas en la gestión de las Herriko Tabernas", otro de insolvencia punible "relacionado con el vaciamiento patrimonial del grupo ORAIN", otro de allegamiento de fondos a organización terrorista y otro contra la Seguridad Social. 

En su auto, Garzón detallaba la articulación de la red de "Herriko Tabernas" y de la empresa BANAKA "en una estructura económica financiera dirigida por ETA", según recuerda la Sala. Entre las funciones de BANAKA como organización o empresa dependiente de ETA, Garzón destacaba la puesta en marcha, profesionalización y legalización de la red de herriko tabernas, además de la creación de infraestructura de apoyo a los refugiados de la banda terrorista en Latinoamérica.