Garzón cede la «Gürtel» sólo a los TSJ de Valencia y Madrid por Camps y López Viejo

De esta forma, el juez ha seguido finalmente el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y no ha elevado ninguna exposición razonada al Tribunal Supremo, pues no hay indicios suficientes de criminalidad contra aforados nacionales del PP . Por ahora queda libre de sospecha el tesorero del PP, Luis Bárcenas, y con él, la financiación del partido a nivel nacional.

La conexión entre los presuntos hechos delictivos de ambas comunidades autónomas se encuentra en el entramado empresarial dirigido por Francisco Correa. Según el juez, el «cerebro» de esta red mantuvo entre 1996 y 2004 (antes del desembarco de Rajoy en Génova) «una relación directa con responsables del Partido Popular a nivel nacional (...) que convirtieron a su empresa Special Events S.L.» en la adjudicataria de la «mayor parte de los actos de promoción» de esa formación política.

Se trataba de «ganarse el favor de los responsables políticos» mediante la entrega de «dádivas de todo tipo, desde dinero en efectivo a regalos de lujo, coches, pantallas de televisión de plasma u otros objetos». De esta forma, «consiguió crear una relación estable con dichas personas ganando su confianza, a la vez que favorecía la obtención de negocios para sus empresas».

Con la llegada de Mariano Rajoy a la presidencia del PP, la dirección nacional del partido «se desvinculó de las empresas de Francisco Correa», quien, según Garzón, trasladó su radio de acción a Valencia, donde colocó a Álvaro Pérez «Bigotes». Este último mantenía «buenas relaciones con las personas que ocupan cargos de responsabilidad en el partido y en los órganos de gobierno de la Generalitat». Así, «se produjo una identificación» entre Orange Market (otra de las empresas controladas por Correa) y «la organización de actos para el partido en la Comunidad Valenciana». Una de esas adjudicaciones, que se produjo de forma consecutiva entre 2006 y 2009 por un valor de más de cuatro millones de euros, fue la «realización de los stands» de esta comunidad en Fitur, pese a que esa empresa no tenía «experiencia» en esa actividad.

Según el auto hecho público ayer por el juez, a cambio de estos favores Camps y otros tres cargos políticos valencianos (el también aforado Ricardo Costa, así como José Víctor Campos y Rafael Betoret, a los que Garzón declara imputados) recibieron prebendas «en especie», en concreto, trajes a medida de las firmas Milano y Forever Young, que no pagaron ellos, sino Orange Market.

Sastre a domicilio

El proceso de adquisición de los trajes era siempre el mismo: salvo en el caso de Camps, que iba personalmente a las tiendas de Milano y Forever Young en la madrileña calle Serrano, era un empleado de la primera firma, hombre de confianza de Álvaro Pérez, el que «recibía el encargo de desplazarse a Valencia» para mostrar tejidos y tomar medidas a los responsables políticos. Esta encomienda la llevó a cabo tanto en un despacho del PP, como en otro de la Generalitat e incluso en el mesón «Cinco jotas» de la capital valenciana.

De los pagos se encargaba la «organización mediante transferencia o cheque contra la cuenta de una de las sociedades del grupo o en ocasiones en efectivo». Posteriormente, el entramado de Correa solicitaba «la emisión de una factura «ad hoc» de acuerdo a los requerimientos» de Pablo Crespo (mano derecha de Correa) y Álvaro Pérez. Garzón asegura que en las facturas de Forever Young aparecen «conceptos que la tienda no comercializa», mientras que Milano ni siquiera elaboraba facturas, por lo que «éstas se realizaban artesanalmente con una plantilla existente en un ordenador de la tienda».

Los gastos en ropa que sufragó Correa ascienden a 12.783 euros en el caso de Camps; a 7.325 en el de Ricardo Costa; 4.850 para José Víctor Campos, y 9.950 en el caso de Rafael Betoret. Garzón reconoce que «las entregas presuntamente recibidas en especie no son elevadas», pero, aclara, una vez que han aparecido indicios en la causa «no puede eludirse la investigación penal en aras del cumplimiento del principio de legalidad».

Como ya adelantó el magistrado en el auto de prisión de Correa, en el que alzó parcialmente el secreto de sumario, el entramado empresarial contaba incluso con un «piso de seguridad», con un «centro de decisión», en el número 40 de la calle Serrano a cargo del imputado José Luis Izquierdo, que «ejercía como responsable del control del dinero existente en la «caja B» del grupo».

El juez señala que esta caja se alimentaba «con dinero en efectivo de origen desconocido», aunque avanza que, según los datos en manos de la Policía Judicial, «podría proceder de las comisiones por la adjudicación de obras urbanísticas (...)». En concreto, en la «caja B» de Easy Concept aparece un apunte de 63.220 euros que se repite en el debe y el haber bajo el concepto «»entradas y salidas de milán», que se referiría a las compras hechas en la empresa Milano».

Financiación antes de Camps

Ya sin personalizar las presuntas conductas delictivas, Garzón hace referencia a una supuesta financiación irregular del partido en Valencia antes de que Camps fuera presidente, aunque este extremo todavía está siendo investigado. Así, en la «caja B» del «piso de seguridad» aparece una hoja de ingresos en la que figura, el 18 de febrero de 2002, una entrada de un millón de euros «sin constar la procedencia de la misma». En esta misma hoja, se detalla la distribución de esa cantidad «y, como primer concepto, aparece «PP VLC» con una cantidad asociada de 420.000 euros». El juez también cita cómo el PP de Valencia habría pagado el congreso regional celebrado en 2002 parte con dinero limpio y otra parte en B.

Las reacciones al auto de Garzón no se hicieron esperar por parte de la Generalitat. Su vicepresidente, Vicente Rambla, aseguró que «se reitera en lo manifestado por Camps hace unos días, negando la relación de los hechos que se le atribuyen». Anunció que iniciarán «las actuaciones judiciales que estén a nuestro alcance contra aquellas personas que hayan difamado o hayan falseado hechos en relación a la persona del presidente».