Garzón anuncia que deja la Audiencia en vísperas de que Varela le siente en el banquillo

La a priori sencilla decisión sobre el traslado de Garzón a la situación de servicios especiales, que corresponde a la Comisión Permanente del CGPJ, se ha visto complicada por su coincidencia en el tiempo con el auto de apertura de juicio oral que, según diversas fuentes, el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela dictará hoy o como muy tarde mañana en la causa de la memoria histórica. Una vez que esa resolución esté en manos del CGPJ, éste podrá suspender de forma cautelar al juez. Todo parece indicar que esta decisión se adoptará en el Pleno de la próxima semana (19 de mayo).

Para los intereses de Garzón sería muy importante que el Consejo resolviera en primer lugar su petición para marcharse a Holanda. Es decir, que la Permanente tomara una decisión el próximo martes (18 de mayo), un día antes de la reunión del Pleno. De hecho, según varias fuentes, si el juez se encontrara ya en la situación de servicios especiales, no se le podría suspender porque esa medida perdería su sentido. «No se puede suspender de su función a un juez que ya no se encuentra en activo, sino en una situación administrativa diferente», explican.

Pero el tiempo corre en contra del magistrado de la Audiencia Nacional porque el cambio de situación administrativa no es automático. La Permanente debe tener sobre la mesa sendos informes, uno del Ministerio de Asuntos Exteriores y otro del Servicio de Personal Judicial del CGPJ, para acreditar que la solicitud de Garzón reúne todos los requisitos. Está previsto que en su reunión de hoy, dicha Comisión abra el expediente y solicite ambos dictámenes. Lo que está por ver es que éstos estén listos a tiempo para que dentro de una semana la Permanente conceda o no el cambio de situación administrativa al magistrado.

De no ser así, y producirse antes la suspensión cautelar, Garzón podría ver peligrar sus posibilidades de marcharse a La Haya. Según algunas fuentes, un magistrado suspendido no puede solicitar que se le declare en servicios especiales «por la sencilla razón de que se trata de situaciones administrativas incompatibles entre sí». El juez debería buscar otra vía, pero siempre previa autorización del CGPJ.

Con todo, sea cual sea la situación que se produzca antes, el CGPJ se va a encontrar con un escenario nuevo y, según el caso, no previsto expresamente en la ley. Fuentes jurídicas y judiciales coinciden en que «la decisión no va a ser sencilla ya que existen varias interpretaciones posibles».