Garzón acudirá mañana a declarar ante el Supremo por las fosas del franquismo

Las entidades Manos Limpias y Libertad e Identidad estiman en sus querellas -que se han acumulado en una que fue admitida a trámite el pasado 27 de mayo- que el juez de la Audiencia Nacional cometió un delito de prevaricación al declararse competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo a sabiendas de que no lo era.

La Sala Segunda del Supremo decidió admitir a trámite una querella en la que se imputa al juez un delito de prevaricación "palmario, premeditado, consciente y creyéndose impune" por su actuación en el proceso que inició por la desaparición de personas durante la Guerra Civil y el franquismo. Los magistrados han considerado que los hechos relatados en la querella, en caso de confirmarse, podrían constituir un delito de prevaricación del artículo 446 del Código Penal. Este precepto castiga al juez que, a sabiendas, dicte una resolución injusta.

Garzón sorteó con éxito, casi al mismo tiempo que se daba a conocer la admisión de la querella por el Supremo, otra denuncia anterior, gestada a raíz de los supuestos cobros indebidos que percibió el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacinoal por su labor docente en la Universidad de Nueva York. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) archivó estas diligencias.

Cuando se dio a conocer el pasado mes de mayo que el Supremo admitía la querella de Manos Limpias -en pleno estallido de la causa abierta por el propio Garzón contra varios miembros del PP, en el marco de una supuesta trama de corrupción en el «caso Gürtel»-, Garzón aseguró estar «tranquilo», porque se «defendería en su momento» a pesar de que su actuación está bajo sospecha . Mañana, el instructor Luciano Varela escuchará sus argumentos.

La causa remite al año 2008, cuando Garzón se declaró competente para investigar las denuncias presentadas por las diferentes asociaciones de la Memoria Histórica en España, para ordenar la apertura de fosas donde fueron sepultados los cadáveres de fusilados durante la Guerra Civil y para investigar las desapariciones durante el régimen franquista. El juez también atribuía a Francisco Franco y otros treinta altos cargos durante el régimen un crimen genocida contra la humanidad. No obstante, en noviembre de 2008 y mediante un auto dictado el 26 de diciembre de 2008, el juez se inhibió en favor de los juzgados territoriales en España para que fuesen ellos los encargados de investigar los crímenes y desapariciones en cada región española. Tampoco esta gestión quedó exenta de polémica, puesto que varios juzgados territoriales, como ocurrió en el caso de la población madrileña de El Escorial , devolvieron la causa al jueza al declarase «no competente» para exhumar las fosas del Valle de los Caídos, repitiendo así la misma fórmula que realizó la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Granada sobre la que recayó otra causa abierta por Garzón para autorizar la exhumación de la fosa donde se encuentran supuestamente los restos del poeta Federico García Lorca.