La fuga de menas obliga a actuar a la Policía en Ceuta

Ayer, hasta 60 menores pudieron haber escapado del polideportivo, según informó el ‘Faro de Ceuta’. Esta cifra fue reducida por portavoces de organizaciones humanitarias como Save the children, hasta 16. En cualquier caso, la posibilidad de que continuasen las fugas obligó a la Policía Nacional a desplegar un dispositivo de custodia de las instalaciones , alejando aún más la posibilidad de acceder al recinto.

El personal de la ciudad autónoma de Ceuta que atiende el polideportivo Santa Amelia desmontó ayer las barras que sirven de fijación a los camastros donde descansan los menores. Su objetivo, además de retirar las que ya no van a ser utilizadas, puede ser impedir que los menores lleguen a usarlas como arma en situaciones de tensión que aún no se han producido pero que las progresivas repatriaciones en grupos de 15, hasta llegar a 150, de los cerca de 700 menores filiados por los servicios sociales, pueden provocar.

La situación es cada vez más tensa y más tras reanudarse durante la mañana de ayer los traslados. En la vigilancia de esta intervención participaron efectivos de la Policía Local y de la Unidad de Intervención Policial de la Policía Nacional. Además, los miembros de las ONG desplegadas en la zona y que han atendido a los menores no han podido acceder al polideportivo para tener constancia de cómo se están produciendo las devoluciones.

Sin intención de volver a su país de origen, algunos de estos jóvenes vieron como única forma de no ser enviados de vuelta a Marruecos fugarse del polideportivo. «Por lo general, no quieren retornar a su país. En los primeros días sí que hubo chavales que se arrepintieron y quisieron regresar , pero los que llevan ya tres meses aquí quieren permanecer en España», cuenta un trabajador de Save the children desplegado en la ciudad autónoma.

Desde Interior aún no han explicado los criterios de ese listado de 150 niños y adolescentes. Cómo han sido elegidos; con qué protección cuentan en los casos de chavales vulnerables y a dónde van y con quién, es decir, saber si los padres de estos niños están dispuestos a recogerlos, es lo que desde las organizaciones humanitarias y la Fiscalía piden al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Para conocer estos datos, las ONG realizan entrevistas con los menas, y así saber su grado de vulnerabilidad, pero desde estas organizaciones se quejan de que aún no han podido llegar al polideportivo de Santa Amelia. Estos diálogos con los jóvenes permiten saber si son casos extremadamente vulnerables. «Uno de cada cuatro chicos que hemos entrevistado (350 en total), es un caso de extrema vulnerabilidad por haber sufrido explotación sexual, explotación laboral, ser perseguidos por su identidad de género y orientación sexual o por formar parte de redes de trata», cuentan desde Save the children. «Al no llegar al polideportivo de Santa Amelia no hemos podido determinar las necesidades de estos jóvenes . No sabes con qué criterio el Gobierno está repatriando a estos chicos y chicas, y es lo que denunciamos », asegura la organización.

Las oenegés, que han descrito esta práctica como ilegal, van a recurrir las repatriaciones por ser contrarias a la Ley de Extranjería y la Convención de la ONU. Precisamente, ayer Andalucía Acoge, Gentium y Save the children presentaron un escrito ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en el que reclaman que solice al Gobierno español «la suspensión de cualquier procedimiento iniciado» . Esta iniciativa no invalida la presentación de un recurso para detener las repatriaciones ante la Justicia española, que preparan.

La Fiscalía, como ya informó ABC ayer, ha abierto diligencias para recabar más información sobre este dispositivo. También el Defensor del Pueblo envió a Interior un recordatorio de deberes legales incidiendo en su obligación de acatar la Ley. La decisión de Interior provocó críticas dentro del Gobierno de coalición. El Ministerio de Derechos Sociales cargó el viernes contra Interior por la devolución grupal. También Amnistía Internacional pidió ayer a la Fiscalía que se pusiera fin a las devoluciones y «que se respete la legalidad nacional e internacional, garantizando los derechos humanos de los menores no acompañados».