Forcadell niega hasta haber leído las leyes de la ruptura antes de votarlas

Pese a que Forcadell, expresidenta de la ANC y diputada de Junts Pel Si tras las elecciones de 2015, figura en las reuniones más trascendentales -aquellas en las que se diseñó la hoja de ruta y el calendario hacia la independencia-, ayer se desvinculó de las decisiones del ejecutivo autonómico. Acorralada en ocasiones por la fiscal Consuelo Madrigal -mucho más convincente ayer en estrados-, dio respuestas poco creíbles a preguntas decisivas, como decir que cuando hablaba de la necesidad de emprender movilizaciones espectaculares se refería a concentraciones «con espectáculos» y no al «tsunami» social al que se había referido por la mañana el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart . La acusación sostiene que la movilización popular tenía un papel crucial en el «procés» como instrumento de presión para doblegar la voluntad del Estado ante la declaración unilateral de independencia.

Forcadell insistió en que «no participó ni dirigió ninguna estrategia» en el «procés» y en que su labor se limitó al ámbito parlamentario. En este sentido negó haber encargado un informe sobre los pasos a seguir en función de cuál fuera la respuesta del Estado español ante el órdago independentista.

El momento más tenso en el interrogatorio de la Fiscalía, y cuando el testimonio de Forcadell flaqueó más, se produjo cuando Madrigal le recordó las cinco advertencias del Tribunal Constitucional sobre su obligación de impedir la tramitación de propuestas que vulneraran las resoluciones del órgano de garantías. «No es potestad de la mesa valorar el fondo de la tramitación parlamentaria», señaló la acusada. «¿No tiene que leer la Mesa las proposiciones que tramita?». «No, y tiene que ser así porque si no la Mesa limitaría el mandato parlamentario». De hecho, la acusada dijo que votó sin leer la resolución de desconexión de noviembre de 2015.

Forcadell se escudó en que en el Parlament se tiene que poder hablar «absolutamente de todo» para justificar el incumplimiento de las resoluciones del TC. « La palabra y el debate tienen que ser libres. Otra cosa son las consecuencias jurídicas del debate». Y en la fingida disyuntiva de obedecer al TC o «defender derechos fundamentales», se optó por lo segundo.

«El TC nos estaba pidiendo algo imposible: convertir a la mesa del Parlamt en un órgano censor. Eso no se podía hacer. La Mesa tiene que favorerecer el debate. No se puede permitir que la censura entre en el Parlament», insistió Forcadell.

La acusada reconoció que votó a favor de las leyes de desconexión y que lo hizo incumpliendo la suspensión acordada por el TC porque esa sentencia «vulnera los derechos de los diputados, la libertad de expresión y la inviolabilidad parlamentaria».

Madrigal le reprochó que se coloque por encima del Constitucional y que sea ella la que decida lo que se puede debatir y lo que no. «¿Se puede debatir entonces la legalización de la trata de seres humanos?», le preguntó. «Para mí el único límite a la libertad de expresión son los derechos humanos y ningún grupo parlamentario pretendería que se debatiese una propuesta así». «¿Y los derechos humanos quién los declara, usted? ¿El intéprete de la Constitución es usted o el Tribunal Constitucional?», le acorraló la fiscal. Fue entonces cuando Forcadell se enredó: «En ningún momento ningún miembro de la mesa tenía en su voluntad desobeder los mandatos del TC». Y en la línea de lo subrayado por Junqueras, señaló que en los últimos tiempos el TC es «un órgano politizado».

La desobediencia al TC se tradujo en la aprobación de una batería de iniciativas y proposiciones que dieron lugar a dos leyes y a la aprobación de una disposición adicional que habilitaba una partida presupuestaria de seis millones de euros para que el «govern» articulara el referéndum. Forcadell se amparó en el reglamento del Parlament para justificar la celeridad con la que se tramitaron las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica y recordó que los informes de los letrados de la cámara (que advirtieron de la manifiesta ilegalidad) no eran vinculantes.