Una Fiscalía «de trinchera» para Cataluña

Ayer, había fiscales que «sotto voce» hablaban de «pornografía política» para definir la trayectoria que Sánchez ha diseñado para Delgado: desde la Fiscalía de la Audiencia Nacional al Ministerio de Justicia, de Justicia a un escaño del PSOE, y de ahí directa, sin solución de continuidad, a dirigir la Fiscalía General.

La controvertida figura de Delgado, sus sistemáticos aspavientos de «hooligan» parlamentaria en la bancada azul del Congreso, sus antecedentes de vinculaciones con el excomisario Villarejo, y la aspereza que manejaba con los colectivos de la justicia en el día a día del Ministerio, la convirtieron en una ministra en decadencia casi anulada para continuar en el cargo. Desde el mismo día de su nombramiento, Delgado nunca fue la interlocutora creíble que Sánchez pudo tener siempre en la recámara para negociar con el Partido Popula r la renovación de órganos constitucionales como el TC, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo.

Delgado nunca tuvo el perfil de bálsamo del PSOE para abordar las cuestiones de Estado que pudiesen ser útiles para el PSOE y el PP. Le faltaban las altas dosis de empatía que otros ministros y dirigentes socialistas mantenían en los segundos escalones del poder, de forma más discreta y sin gesticulaciones de arrogancia política , para cerrar acuerdos pragmáticos en el mundo judicial. O al menos, para consensuar reformas.

Al contrario de lo que Sánchez espera ahora de Juan Carlos Campo, Dolores Delgado era un punto de fricción en el engranaje judicial, y había dejado de ser útil para seguir al frente de una cartera tan delicada que a menudo requiere «trabajos» políticos soterrados y no griterío sobreactuado en la superficie.

Sin embargo, el objetivo de Sánchez pasa ahora por «domesticar» a la carrera fiscal , de extracción mayoritariamente conservadora, y que durante los últimos meses ha reivindicado su autonomía como pocas veces lo había hecho antes en democracia, frente a decisiones políticas abusivas vinculadas a los procesos penales sobre Cataluña. Fiscales progresistas incluidos... Para esta labor más invasiva y menos sutil, Sánchez sí cree necesitar a Delgado.

Sin embargo, Delgado no concita consensos ni simpatías en amplios sectores de la Fiscalía, incluidos algunos círculos progresistas de relevancia. Si su propósito, como temió ayer la mayoritaria Asociación de Fiscales, es «domeñar» a los fiscales con instrucciones de obediencia debida, sumisión forzosa y ejercicio sin discusión, Delgado no lo tendrá fácil. El Ministerio Público está explorando una fase menos politizada que las vividas en épocas pasadas con el PSOE y el PP en el poder.

En los últimos meses ha emergido una reivindicación profesional dignificadora de la carrera que invita a dar por superados algunos complejos y pendencias ideológicas, y que ha convertido en un argumento simplista reducir la Fiscalía a una mera pugna de poder entre conservadores y progresistas. Todo es hoy más complejo. Por eso, cualquier intento de imponer a la fuerza un servilismo jerárquico sobredimensionado va a toparse con una oposición interna que años atrás habría sido casi inviable, y desde luego inesperada.

Lo que con el nombramiento de Juan Carlos Campo como nuevo titular de Justicia pudo interpretarse el sábado como un gesto velado de Pedro Sánchez para intentar sellar una paz institucional con el PP en materia judicial , se convirtió ayer, con la propuesta de Delgado, en una declaración de guerra institucional, y en una ofensa para fracturar cualquier mínimo asomo de acuerdo político que pudiera producirse entre Sánchez y la derecha. Con Delgado al frente de la Fiscalía no es aventurado pronosticar conflictos internos de magnitud en el Ministerio Público y el resurgimiento de antiguos aires de rebeldía legítima en el seno de la carrera.

Después de que se definiese a sí misma como «fiscal de trinchera» y, por tanto, como «ministra de trinchera», con la connotación ideológica y de concepción del poder que ello lleva aparejado, Delgado ya no necesitará invocar ítems inherentes a la Fiscalía General como autonomía, objetividad, independencia, defensa de la legalidad o imparcialidad. Si la carrera se atiene a la propia reflexión de la ex ministra sobre su combativa vocación por las trincheras, se avecina una gestión de la Fiscalía profundamente ideologizada.

Y, desde luego, orientada al compromiso expreso asumido por Sánchez durante su discurso de investidura: poner coto a la «deriva judicial» contra los líderes separatistas, «desjudicializar la política», y asumir que «la ley, por sí misma, no basta».

En cualquier caso, la «auctoritas» de Delgado en el seno de la carrera, su prestigio profesional interno, y su crédito en términos de influencia, no es precisamente el mismo que otros muchos antecesores en el cargo. Y por supuesto, no es el de Javier Moscoso , único antecedente de un ministro que dejó de serlo para acceder al cargo de fiscal general con un Gobierno socialista, en 1986.

Por entonces, la izquierda no cuestionaba las «puertas giratorias», pero ahora que PSOE y Podemos han prometido legislar contra ellas, las burlan sin dar explicaciones. Pero no es necesario porque Sánchez ni siquiera disimula. Esta vez no engaña a nadie. Ha diseñado una Fiscalía de trinchera en la mesa de su propio Consejo de Ministros.