La Fiscalía del Supremo no recurrirá la admisión de la querella contra Garzón

Las mismas fuentes indicaron que no es costumbre de la Fiscalía presentar recursos en el trámite de admisión (aunque en algunos casos, como la reciente causa abierta contra el Estado de Israel, sí lo ha hecho) y que el Ministerio Público «tomará posición en los temas de fondo»: es decir, en lo que respecta al delito de prevaricación que «Manos Limpias» atribuye a Garzón por mantener la competencia en la causa de los desaparecidos del franquismo.

Paralelamente, el fiscal del Alto Tribunal Luis Navajas ha informado ya en contra de la admisión a trámite de otra querella que, por los mismos hechos, presentó contra Garzón la asociación malagueña «Libertad e Identidad». La Sala Segunda se que pronunciará próximamente.

Un día más

Entretanto, el de ayer fue un día más en la agenda de Garzón, que pasó la mañana en su despacho y al filo del mediodía lo abandonó para acudir a la presentación de un libro. Fuentes próximas al magistrado señalaron que está «más tranquilo» que el día anterior pues «el caso está en manos de quien tiene que estar», que es su abogado, el penalista Gonzalo Martínez Fresneda.

Por su parte, a lo largo del día de ayer siguieron sucediéndose las reacciones a la decisión del Supremo de investigar. El presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, hasta hace poco magistrado de la Sala Militar del Supremo, ha expresado su «preocupación», aunque ha querido matizar que la previsible imputación de Garzón «no conlleva un pronunciamiento expreso de indicios de culpabilidad».

«Todos los ciudadanos -dijo Juanes a Efe-, seamos jueces o no, estamos sometidos a la ley». Lo ocurrido «no prejuzga nada» pues la instrucción, recordó, «se inicia ahora».

Parcos en palabras e incluso esquivos se mostraron ayer varios ex ministros de Justicia, que se dieron cita en la conmemoración del 75 aniversario del Colegio de Registradores. Nada quisieron decir sobre la decisión del Supremo ni Mariano Fernández Bermejo (amigo personal de Garzón) ni los «populares» Ángel Acebes, José María Michavila y Margarita Mariscal de Gante.

Sólo hablaron el alcande de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, y el actual ministro del ramo, Francisco Caamaño. El primero para expresar su deseo de que la querella de «Manos Limpias» «sea infundada»; el segundo, para poner de manifiesto que la decisión del Supremo es síntoma de «normalidad institucional».

También los abogados que defienden la investigación que emprendió Garzón se pronunciaron ayer al hacer público un comunicado en el que califican la decisión del Supremo de «desprecio a las víctimas» del franquismo y consideran que se «ataca» al juez para «socavar su independencia y su prestigio».