La Fiscalía solicita que los agresores de Alsasua sigan en la cárcel

En la vista celebrada ayer en la Audiencia Nacional para que las partes expusieran sus argumentos, el fiscal del caso aseguró que la prisión sigue siendo necesaria para evitar que los supuestos agresores se fuguen. Los siete encarcelados están procesados por la paliza que supuestamente dieron a dos guardias civiles y sus parejas en el bar Koxka de la localidad navarra el pasado 15 de octubre, cuando los agentes disfrutaban de una copa tras un día festivo. La magistrada imputa a los siete encarcelados -y a dos personas más- los delitos de terrorismo, atentado, lesiones y provocación a la discriminación, odio o violencia.

Después de escuchar la tesis de los abogados de los procesados -todos vinculados a un movimiento abertzale-, el fiscal argumentó que su juventud es un motivo más que puede alentar su fuga: el arraigo que les ata a España es menor al no tener hijos ni trabajo, informaron fuentes jurídicas presentes en las vistas, que se extendieron durante más de tres horas. El Ministerio Público alega que la perspectiva de una elevada pena de prisión -podría alcanzar los 10 o 15 años- puede instarles a eludir a la justicia.

Seis de ellos ingresaron en prisión el pasado 14 de noviembre, después de comparecer ante la juez, quien hoy les comunicará por vídeoconferencia su situación de procesamiento. Este trámite, conocido como declaración indagatoria, consiste en transmitir a los procesados la imputación formal que pesa sobre ellos . Cuando la juez cierre la investigación, se abrirá el plazo para que la Fiscalía y las acusaciones privadas presenten sus peticiones de pena contra ellos.

Todos negaron haber participado en «ninguna agresión» a pesar de que fueron identificados por los agentes y sus parejas. En el auto de procesamiento la magistrada concluyó que los nueve investigados insultaron y golpearon a los agentes «única y exclusivamente» por ser guardias civiles. La juez aprecia que el ataque fue un acto terrorista porque los agresores buscaron «atemorizar a colectivos que no comparten sus ideas, generando una grave alteración para la paz pública».

La magistrada y el fiscal enmarcan el ataque en la campaña hostil que grupos abertzales mantienen contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el País Vasco y Navarra, una actividad que en Alsasua practica el movimiento Ospa Mugimendua, al que están vinculados varios agresores.