La Fiscalía rechaza las «excusas» de Chaves y Griñán en el caso ERE: «Nadie asume ninguna responsabilidad»

Durante la vista de casación ante a Sala Segunda del Supremo, los fiscales del Supremo han censurado las «excusas» a las que en la sesión anterior aludieron las defensas de los condenados: «que han desconocido el contenido de los convenios [de concesión de ayudas a empresas], que no hubo nunca reparo de la Intervención, otros se escudan en los mandos intermedios o culpan a la Intervención de la Junta de Andalucía». El exinterventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez entre 2000 y 2010 fue absuelto por la Audiencia sevillana.

«Ni uno de los 270 expedientes [de ayudas] cumplieron ni un solo de los requisitos para la concesión de las subvenciones (...) No existían procedimientos ni existían expedientes», ha proclamado Prieto ante el tribunal que debe decidir sobre los recursos. El fiscal ha insistido, como los peritos de la Intervención del Estado, que se hizo un uso inadecuado del sistema de presupuestación de las transferencias de financiación para pagar ayudas, lo que impedía, a su juicio, fiscalizar el destino del dinero público.

«No hay ningún tipo de norma que admita la utilización de la partida de financiación para el pago de subvenciones. Está expresamente prohibido», ha dicho, para luego subrayar que en 2010 se volvió al sistema anterior. Para el Ministerio Público, la «única explicación» es que «se quiso modificar el sistema de concesión de las ayudas para evitar cualquier tipo de control».

En suma, señala el fiscal, «salvo algunos responsables de la Consejería de Empleo, todos eluden su responsabilidad» y afirman que no han recibido ni les han llegado los sucesivos informes del interventor que cuestionaban el procedimiento de ayudas y de los que eran destinatarios. « ¿Alguien cree que esto es posible en una recta administración? ¿Qué mensaje trasladamos al ciudadano?», se preguntó el fiscal. Y concluye, en las citadas alertas, quedaba claro que no se trataba de meras irregularidades, sino que «patentes ilegalidades».  

En el escrito que los fiscales presentaron ante la Sala Segunda del Supremo, pidieron confirmar las condenas de los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, de la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez; del exvicepresidente autonómico Gaspar Zarrías; de cuatro exconsejeros más... y así hasta completar los 19 ex altos cargos a quienes la Audiencia Provincial de Sevilla atribuyó delitos de prevaricación y/o malversación. Diez de ellos se enfrentan a penas de prisión, de hasta seis años en el caso de Griñán.

En su informe de 789 páginas elevado a la Sala que debe resolver los recursos de los condenados, al que tuvo acceso ABC, la Fiscalía considera que los acusados que formaron parte de los Consejos de Gobierno «conocieron, propiciaron y ejecutaron la salida de fondos públicos». Los principales gestores autonómicos, señala, «posibilitaron un sistema, o actuaron en el mismo, que eludía por completo cualquier control en la concesión de las subvenciones». El fiscal ha reiterado esta afirmación verbalmente durante su intervención, que ha seguido a la de su compañero Prieto.

«Parece que el sistema surge por generación espontánea», criticó Escobar, cuando la realidad es que cada uno puso su grano de arena en ese plan conjunto, algo que comparó con una cadena de montaje en una fábrica, donde cada uno «pone una pieza». Todos «posibilitaron y permitieron que año a año se siguiera reproduciendo el mecanismo descrito (en la sentencia recurrida). Conocieron, propiciaron y ejecutaron la salida de fondos públicos».

En este punto el fiscal ha criticado que las defensas vuelvan a cuestionar la valoración de la prueba ante el tribunal de casación cuando «la intervención material de cada uno de los acusados ya está demostrada». Todas estas actuaciones fueron determinantes en relación con el resultado, ha dicho.

Respecto al empeño de las defensas en vestir actos administrativos como actos políticos (para desmontar el delito de prevaricación), el fiscal ha recordado que hasta llegar a la decisión última, que es el destino de las ayudas sociolaborales, hay toda una normativa administrativa específica que los acusados «orillaron: publicidad, liber concurrencia y objetividad, informe de la intervención general... Todo es un procedimiento reglado y sometido al control jurisdiccional», ha señalado Escobar.

Sobre si hubo intención o no de seguir un plan, el fiscal ha recordado que «no es necesaria una actuación especifica de cada uno» siempre y cuando la actuación en cuestión sea «relevante» para el fin conseguido. «Cada uno colabora con una actuación eficaz al plan conjunto», ha insistido.

En su profuso informe, el Ministerio Público deja constancia de que se antoja «impensable» que una decisión de este calado, que se prolongó en el tiempo durante una década (2000-2009), no fuera «colegiada». Los dos fiscales que lo suscriben consideran «por completo irracional e ilógico» que el expresidente de la Junta Manuel Chaves (1990-2009) estuviera totalmente al margen , «sin enterarse de nada», de la creación y mantenimiento de un método de ayudas sociolaborales y a empresas que propició el reparto «indiscriminado» de casi 680 millones de euros que «nunca debieron haber salido» de las arcas públicas. Ven increíble que «un cargo de tan alta enjundia y responsabilidad como el de presidente de la Junta, ocupado durante casi 20 años, se ejerza en una especie de limbo autista en el que no se conoce nada de lo que, precisamente, exigen, imponen y comportan las funciones que le corresponde, como mínimo, respecto de los acuerdos del Consejo de Gobierno que presidió».

El mismo reproche hacen los fiscales a quien fuera su consejero de la Presidencia entre 1996 y 2009 y mano derecha, Gaspar Zarrías. La Audiencia les impuso a ambos penas de nueve años de inhabilitación por prevaricación, mientras que a Griñán le atribuyó otro delito de malversación.

Ante el recurso presentado por Griñán, que fue consejero de Hacienda entre 2004 y 2009, la Fiscalía considera igualmente «inconcebible» que el principal responsable de la gestión de la Consejería, «pudiera desconocer el sistema de concesión y reparto de las ayudas». Que éstas se repartieran «sin justificación alguna» no podía «escapar» al consejero de Hacienda y «destinatario» formal de los sucesivos informes del interventor general de la Junta —absuelto en el juicio— que alertaban de la irregularidad del sistema.

Su mantenimiento «no era posible sin el conocimiento y aquiescencia de la Consejería de Hacienda, dirigida por el acusado, que autorizó la utilización inadecuada y fraudulenta de una partida presupuestaria, con flagrante infracción de las normas presupuestarias elaboradas durante su mandato».

El intento de eximir de responsabilidad a Griñán, «descargando la culpa» en la Intervención, «no es de recibo», porque el papel de ésta no es garantizar «el cumplimiento por el consejero de sus propias competencias», alega.

Por su parte, el letrado en representación del PP andaluz, Luis García Navarro, ha reprochado a los abogados defensores de los acusados que su «gran argumento defensivo» sea que «la culpa siempre era del otro». Frente a esta teoría, ha advertido de que la sentencia, documentos y testimonios aportados en el juicio «demuestran que sólo con el concurso de todos se pudo producir ese 'gran fraude', como lo calificó el expresidente Griñán a la salida del Tribunal Supremo», cuando estuvo declarando como investigado por prevaricación en el año 2015.

Para reforzar este argumento, García Navarro ha recordado que Rocío Marcos Ortiz, interventora general de la Junta entre abril de 2010 y mayo de 2012, con 33 años de experiencia en la gestión del gasto público en la Administración, declaró en el juicio de la pieza política del caso ERE que se dieron 800 millones sin control alguno. La Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo concede las ayudas pero las paga un ente instrumental, IFA/IDEA, al que manda el dinero mediante la figura de las transferencias de financiación, que no es «ilegal», pero en este caso se utilizó «indebidamente».

El «efecto» que esta decisión tuvo fue que se creó «una especie de ángulo muerto» en el control, según manifestó Marcos, que llegó a ser jefa de Gabinete de la exconsejera de Economía Magdalena Álvarez entre 1994 y 1995. Por tanto, el letrado del PP rebate a los acusados y asegura que «se ideó, creó y se puso en marcha un 'fondo de reptiles' con el concurso de todos los condenados» . Fue así como lo calificó el ya fallecido exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, en sus declaraciones ante la Policía, pero luego se retractó de lo dicho en el juicio.