El enlace de la trama de Ignacio González en Iberoamérica, pendiente de la decisión del juez

Rodríguez Sobrino fue nombrado responsable de la matriz del Canal de Isabel II en Iberoamérica, la compañía Innasa, cuya compra sobrevalorada está en el foco de los investigadores. El Canal adquirió está firma por 81 millones de euros en 2001 , diez veces más de lo que había costado diez años antes a otros compradores. Este viernes también ha declarado ante el juez la secretaria de Rodríguez Sobrino, Clarissa Guerra, quien ha quedado libre con la obligación de comparecer una vez al mes en el juzgado.

La investigación –bautizada operación Lezo en honor a Blas de Lezo , que salvó de los ingleses a Cartagena de Indias, la ciudad colombiana en la que González fue visto con bolsas blancas de contenido desconocido- ha acumulado indicios de que los imputados se enriquecieron a costa de sobrevalorar las empresas que el Canal compró en Suramérica (donde opera como una sociedad totalmente privada) y cobraron comisiones ilegales en las operaciones. Los investigadores también sospechan que algunos cobros financiaron de forma irregular al PP de Madrid, y rastrean el desvío de 25 millones de euros que acabaron en una cuenta suiza.

El magistrado interroga este jueves también al principal implicado en la supuesta red corrupta, González, quien comparece esta tarde en otra ronda de interrogatorios. Lo previsible es que el Ministerio Público también pida para él prisión incondicional , una cuestión sobre la que tendrá que resolver el juez Velasco. Además, también comparecen Pablo González , hermano de Ignacio y directivo de la empresa investigada Mercasa; y Javier López Madrid, consejero de la constructora OHL, cuya sede fue registrada ayer por la UCO.

Además, los últimos interrogatorios serán previsiblemente los de Juan José Caballero , cuñado de Ignacio González y colaborador con la trama; y José Martínez Nicolas , responsable de la Agencia de Informática y Comunicación de la Comunidad de Madrid, también imputados en la investigación. Los delitos que les atribuyen a todos son los de asociación ilícita, administración desleal, fraude, blanqueo de capitales, malversación de fondos públicos, cohecho prevaricación y corrupción en los negocios.

Los efectos de esta investigación se prevén imprevisibles. La Guardia Civil registró el jueves las sedes en Madrid grandes empresas – OHL, Indra, Licuas, Saerco y PwC - en busca de información sobre adjudicaciones recibidas del Gobierno regional con González al frente. Una de los focos de la causa es averiguar si parte de los pagos de estas firmas fueron a parar a las arcas del PP de Madrid. Uno de estos pagos sospechosos es el abono de 1,4 millones de euros que la constructora OHL hizo llegar a Ignacio González por la concesión de las obras del tren a Navalcarnero. Parte de ese dinero, abonado desde una sociedad de México a una cuenta en el extranjero, habría engordado el bolsillo de González; el resto habría ido a parar a la caja del PP de Madrid, según los indicios acumulados en la investigación.

Tras la primera ronda de interrogatorios, el jueves, el juez acordó el ingreso en prisión eludible bajo fianzas (de 4 millones de euros y 100.000 euros, respectivamente) para los antiguos directivos del Canal María Fernanda Richmond y Adrián Martín . Éste último ha aportado ya un aval para cubrir su cantidad.