La Fiscalía pide archivar la imputación contra Gallardón en el caso Lezo

Para justificar su solicitud, la Fiscalía Anticorrupción argumenta que los miembros del Consejo de Gobierno, como Ruiz-Gallardón, no conocieron ni dispusieron del dosier explicativo que desvelaba como se iba a realizar la operación, que empleó para canalizar la compraventa una sociedad pantalla ubicada en Panamá. Según la acusación, la operación con la que el Canal de Isabel II se lanzó a la expansión internacional, tasada en 73 millones de euros, incluía un sobreprecio «perjudicial» para las arcas públicas madrileñas. Lo cifra en una horquilla de entre los 23 y los 35,4 millones de dólares , de los que entre 17,2 y 26,2 habrían sido abonados supuestamente «indebidamente» por el propio Canal de Isabel II.

En el caso Lezo, el juez Manuel García Castellón investiga una supuesto trama de corrupción que anidó en el Canal, la todopoderosa empresa que gestiona las aguas madrileñas. El magistrado y el Ministerio Público sitúan a González en la cúspide de esa red y le acusan de enriquecerse ilegalmente a costa de las cuentas públicas de Madrid. Según los investigadores, González aprovechó la expansión internacional de la empresa de aguas madrileñas para esconder «pelotazos» a través de los que se repartieron comisiones. La trama se extendió por Brasil, Panamá, República Dominicana o Colombia , con la compra Inassa o Emissao. Aunque la Fiscalía también pide el archivo de la causa contra González por la compra de Inassa, recuerda que se encuentra imputado en las piezas 1,2, 3, 5 y 9 de la investigación.

A pesar de esta petición, el Ministerio Público no tiene dudas de la ilegalidad de la operación. «La adquisición de Inassa por el ente público estuvo plagada de ilicitudes y, contrariamente a lo autorizado, se realizó de manera indirecta, pues lo que realmente se compró fue la sociedad panameña Aguas de América SA, entre cuyos activos se encontraba el 75 por ciento de Inassa y el 51 por ciento de la sociedad dominicana Watco, provocándose un desvío de los fondos públicos destinados a su pago debido, principalmente al sobreprecio abonado y a la inclusión dentro de su objeto de activos no autorizados ni valorados (Watco) que no redundaron en ningún beneficio para la Administración autonómica", explica la Fiscalía.

Por ello, Anticorrupción pide al magistrado que cierre la investigación y acuerde el procesamiento por estos hechos de 23 personas, para que respondan por el perjuicio que pudo suponer un delito de malversación pública. Entre esas personas que solicita que sean procesados están dos de los más cercanos colaboradores de Gallardón tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en la Comunidad, Pedro Calvo y Juan Bravo , puesto que formaban parte del consejo de administración del Canal de Isabel II cuanto tuvo lugar la operación y conocían los detalles de la compraventa.

En esta pieza separada, el Ministerio Público cree que debe exonerarse a González, el supuesto cabecilla de la trama, porque el antiguo presidente de la Comunidad de Madrid aún no era dirigente de la empresa pública de aguas en la fecha de la compra de Inassa. Hasta ahora, la investigación también señalaba a González por supuestamente haber ocultado un informe de Cuatrecasas que advertía de «indicios claros» en la operación, un documento que Gallardón le acusaba de haberlo manipulado contra él..