La Fiscalía pide 19 años de cárcel para Arantza Zulueta por el frente jurídico de ETA

El frente jurídico se encuadra dentro de la estructura Halboka (abreviatura de una expresión que significa «rompiendo las paredes pronto los luchadores a la calle»), creada en el 2002 para gestionar todo lo relativo a los presos etarras. Organizada en diversas subestructuras, está «plenamente integrada en la banda terrorista ETA», relata el escrito de acusación del fiscal José Perals , al que ha accedido ABC.

El Ministerio Público solicita 19 años de cárcel para Zulueta , una mujer siniestra que ha dirigido «el frente de cárceles de ETA» desde los años ochenta, por los delitos de integración en organización terrorista en condición de dirigente y por el delito terrorista de depósito de armas y explosivos. El fiscal, quien la sitúa con un papel relevante dentro de ETA desde 1999, relata cómo ETA le pidió en octubre de 2006 elaborar un plano de la Audiencia Nacional, explicando la distribución de plantas y la operativa de los controles, para cometer un atentado terrorista.

Aprovechando su condición de abogados, estos acusados se dedicaban también a recopilar información sobre objetivos terroristas o a ayudar para obtener el llamado «impuesto revolucionario»; es decir, los fondos recaudados por ETA con extorsión. Zulueta disponía de material informático para acceder a armas y explosivos en 2010.

Además de contra Zulueta, el Ministerio Público también acusa a Naia Zuriarrain (once años), Jon María Enparantza (doce años), Iker Sarriegui (diez años), Julen Celarain (once años), José Domingo Aizpurua (nueve años), Saoia Aguirre (siete años), Juan María Jáuregui (siete años) y Nerea Redondo (siete años). Enparantz es el único también considerado dirigente de ETA; mientras que Zuriarrain, Sarriegui y Celarain son catalogados como miembros de la banda.

En los registros de la sedes utilizada por este aparato de ETA, una de las cuales se encontraba en el número 20 de la calle Elcano de Bilbao, y en los despachos de algunos de los otros supuestos abogados implicados, los agentes incautaron unos 120.000 documentos y 62.000 euros obtenidos ilícitamente y que iban a ser entregados a ETA.