Bartolomé González, en el centro, en la Asamblea de Madrid
Bartolomé González, en el centro, en la Asamblea de Madrid - DE SAN BERNARDO

La Fiscalía pedirá la imputación en Púnica del diputado madrileño Bartolomé González

El juez tendría que enviar el caso del exalcalde de Alcalá al TSJM porque es aforado: la UCO investiga al diputado de Cifuentes por un contrato a la empresa Cofely

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Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre adjudicaciones de contratos a la trama Púnica en Alcalá de Henares (Madrid) compromete el futuro político del actual diputado autonómico Bartolomé González, exalcalde complutense. La Fiscalía solicitará su imputación al juez por su intervención en un contrato de 14 millones de euros que el Ayuntamiento de Alcalá adjudicó a la empresa Cofely, filial de la multinacional francesa GDF Suez, para tareas de matenimiento energético.

También se investigan contratos adjudicados a Waiter Music, la firma que organizaba conciertos y eventos en los municipios donde la trama liderada por Francisco Granados tenía influencia. Conocido como «Bartolo», ya había sido señalado señalado por David Marjaliza en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, desvelada este martes.

El número dos de la trama dijo al juez que «hubo un acuerdo con Bartolomé González de 60.000 euros». «No recuerdo si se pagó o no (...), pero el acuerdo estaba y estaba con Bartolo». «Me dijeron que estaba hecha esa gestión» cuando Marjaliza se incorporó como comercial de Cofely, hacia el año 2012. La gestión era lograr el contrato para esa firma, que recibió tratos de favor análogos en otros municipios, como Parla, donde le costó la imputación al alcalde socialista José María Fraile, sucesor de Tomás Gómez.

«Ya no era alcalde»

Bartolomé González niega los hechos y se escuda en que el contrato a Cofely se adjudicó en 2013 y «dejé la Alcaldía en julio de 2012». La investigación apunta a que participó en las negociaciones ilícitas para la adjudicación del contrato, pactado de forma previa. El diputado autonómico aseguró ayer a ABC que «yo era alcalde solo cuando se hicieron los pliegos y nunca he intervendido para adjudicar un contrato, ni este ni ningún otro» (le sucedió en la Alcaldía su compañero de partido Javier Bello).

González recuerda que puso una querella contra Marjaliza en julio del año pasado, cuando aparecieron informaciones en prensa en este sentido. El juez la archivó porque el caso estaba bajo secreto y no se le podía atribuir manifestación alguna a David Marjaliza. El diputado popular recurrió el archivo: «Llevo nueve meses sin poder defenderme, deseando que se levantara el secreto de sumario», sostiene. En cuanto al pago de 60.000 euros del que habla el empresario, Bartolomé González declara que «es la palabra de un delincuente». También niega que participara en las adjudicaciones a Waiter Music.

Si Eloy Velasco decide proceder contra el diputado popular tendrá que presentar la exposición razonada ente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el único organismo judicial competente para encausar a un diputado de la Asamblea de Madrid, aforado. La imputación la decidiría el TSJM con la información que le remitiría el magistrado Eloy Velasco. Si en algún momento «Bartolo» presentara la dimisión, su responsabilidad en el caso se dirimiría en la Audiencia Nacional.

También está en la cuerda floja el actual consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio del Gobierno de Cristina Cifuentes, Jaime González Taboada, que igualmente fue señalado por Marjaliza, quien dijo del político que «mangoneaba».

ABC ha confirmado que Taboada está siendo investigado, en su caso en una fase más temprana que la de Bartolomé González. La UCO indaga las adjudicaciones de suelo a empresas de la trama a través de la sociedad pública Arpegio y los contratos del plan Prisma, áreas en las que Taboada tuvo responsabilidades. El juez mantiene abierta una pieza separada sobre estos asuntos. El actual consejero ha negado «rotundamente» las acusaciones, al tiempo que anunció una querella por «delitos contra el honor».