La Fiscalía ordena a los Mossos d'Esquadra actuar si observan desobediencia o rebelión

En una nota enviada el pasado 5 de noviembre, el mismo día que el TC permitía el pleno de la desconexión, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza , explica que los actos que pongan en marcha la desconexión «podrían constituir no solo delito de sedición, sino también de prevaricación, desobediencia, usurpación de atribuciones o uso indebido de fondos públicos». La orden fue enviada a la Policía, la Guardia Civil, los Mossos, así como a la delegada del Gobierno en Cataluña y al secretario de Estado de Seguridad.

El ministerio público argumenta que la Audiencia Nacional es competente para investigar este tipo de delitos, salvo en el caso de los aforados (lo que incluye a los diputados catalanes), porque son delitos contra la forma de Gobierno: lo que incluye «la ejecución de los actos constitutivos de rebelión y sedición cuando la finalidad o el propósito de los mismos sea cambiar ilegalmente la organización territorial del Estado y declarar la independencia de una parte del territorio nacional, en el caso en cuestión de la Comunidad Autónoma de Cataluña».

Al ser competente la Audiencia Nacional, las unidades policiales deben seguir las directrices de la Fiscalía, dice la nota. Eso incluye «elaborar de forma urgente el informe o atestado oportuno» ante la existencia de cualquier hecho delictivo que encaje en los delitos contra la forma de Gobierno, así como enviar dicho atestado «con carácter urgente» al juzgado central de instrucción que se encuentre de guardia. También les pide que lleven a cabo «las diligencias necesarias» para acreditar los hechos delictivos y fijar las responsabilidades penales oportunas , así como todas aquellas solicitadas por el juez competente o el fiscal.

La Fiscalía enumera todos los delitos que serían competencia de la Audiencia Nacional y los hechos que serían constitutivos de los mismos. El delito contra la forma de Gobierno existiría con todos aquellos actos «encaminados o dirigidos a declarar la independencia de una parte del territorio nacional violando la legalidad constitucional y cambiando la organización territorial del Estado», sin importar los restantes delitos que dichos actos podrían suponer, que también asumiría la Audiencia Nacional por conexidad con el primero.