La Fiscalía ve «obvio» que la desconexión» del Parlamento catalán puede ser un delito de sedición

El Ministerio Público argumenta que la moción de apoyo del consistorio, firmada de forma voluntaria y consciente por 18 miembros de la corporación , «reúne en apariencia todos los elementos» del delito de sedición, en su fase preparatoria, al adherirse a un proceso «absolutamente ilícito» que persigue la independencia e incumplir la legalidad vigente. El Parlamento catalán aprobó una resolución de «desconexión» de España el pasado 9 de noviembre, una declaración que fue apoyada en una moción por San Cugat del Vallés. Ello debe ser suficiente, considera la Fiscalía, para al menos admitir a trámite la denuncia y abrir una investigación penal por lo sucedido.

En el recurso, la Fiscalía recrimina al juez José de la Mata que realizara «un juicio de fondo» sobre la posición de San Cugat al argumentar que la Constitución ampara la libertad ideológica. El Ministerio Público, que cita los límites de esa libertad ideológica, asegura que hay que averiguar si la moción fue un mero «posicionamiento ideológico» o formó parte de una «acción concertada con otros ayuntamientos y organizaciones para provocar el incumplimiento generalizado del ordenamiento jurídico y de la legalidad constitucional». Eso hace «imprescindible» abrir la investigación y practicar las diligencias pedidas , como pedir documentación al consistorio, entre otras cosas, la propia moción de apoyo.

De hecho, la Fiscalía adelanta que «todo apunta» a que el apoyo de San Cugat, un municipio de la provincia de Barcelona gobernado por Convergencia, responde a una «estrategia planificada» para generar en Cataluña una situación de «incumplimiento generalizado» al marco constitucional y conseguir así la independencia fuera de la ley.

«Es obvio, pues, que de acreditarse estas circunstancias las conductas en cuestión podrían adquirir relevancia penal y tener encaje jurídico como actos preparatorios, no ejecutivos, de un posible delito de sedición», asegura el escrito. Por eso, el archivo del juez es «una decisión prematura», dice la Fiscalía, quien llega a argumentar que el cierre de la causa vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva.

El Ministerio Público entra a rebatir los argumentos concretos de De La Mata , calificados de «inadecuados como inconsistentes». El magistrado defendió que la moción del ayuntamiento barcelonés se aprobó en cualquier caso antes de que el Tribunal Constitucional anulara la resolución de ruptura, con lo que no podía haber delito puesto que el consistorio no podía anticipar la decisión. La suspensión de la declaración, explicó, era automática al recibir el recurso del Gobierno.

La Fiscalía asegura que es «absolutamente improcedente» hacer depender la investigación penal del posicionamiento constitucional. «La constatación de la ilicitud penal no depende del momento en que el TC dicte una resolución», asegura el escrito. En cualquier caso, «parece obvio» que la resolución que aprobaron los parlamentarios catalanes «podría encajar sin mayores esfuerzos en el tipo penal de sedición», dice el fiscal Daniel Campos , puesto que se busca «de forma unilateral y al margen de las vías legales la independencia» de Cataluña.

Ante la sorpresa que expresó el juez por que la Fiscalía actuara contra los miembros de la corporación local y no lo haya hecho contra los propios parlamentarios catalanes que aprobaron la resolución de ruptura, la Fiscalía de la Audiencia Nacional asegura que esa actuación es competencia, como «debería conocer el instructor», del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o en su caso del Tribunal Supremo, puesto que los diputados están protegidos por el aforamiento.

La Fiscalía lo tiene claro: la moción de San Cugat supone sumarse «a un acto de radical insumisión a la Constitución» , y hay que encuadrarla en «una actuación concertada y planificada» con otros ayuntamientos, lo que sitúa los hechos «ante los perfiles de un contexto sedicioso», o lo que es igual ante una rebelión en segundo grado, un delito que podría ser castigado hasta con quince años de prisión si se llegara al final.