La Fiscalía ve «nulo de pleno derecho» el retorno de menores de Ceuta a Marruecos

Es la conclusión del informe que el fiscal Manuel Campoy ha remitido a la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, donde se dirime la admisión de un recurso de la ONG Red de Inmigración contra el Ministerio del Interior por aquel proyecto fallido de devolver a Marruecos a un millar de niños y adolescentes. El mecanismo, que ambas administraciones veían amparado en un acuerdo para el retorno de menores no acompañados firmado con el país vecino, fue abortado por un juzgado de lo Contencioso de Ceuta tras constatar que no se estaba siguiendo la pauta que marca para estos casos la Ley de Extranjería: un procedimiento individualizado, con audiencia del menor y posibilidad de recurso, así como resoluciones motivadas.

Tras aquel auto del juzgado, el presidente de Ceuta , Juan Jesús Vivas ,y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunieron en La Moncloa y dieron marcha atrás. Se intentaría repatriar a los menores acogidos en Ceuta siguiendo los trámites que marca la ley. Para entonces, un total de 45 niños y adolescentes ya habían sido entregados a Marruecos por la frontera de El Tarajal.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que el recurso de la ONG debe ser estimado, que es lo que ahora los magistrados deben dirimir. Eso sí, entiende que la competencia para entender del asunto es de los juzgados de lo Contencioso de Ceuta, en tanto que son las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno las que tienen atribuida la función de gestionar los expedientes de retorno, devolución y expulsión que establece la Ley de Extranjería. Los mismos trámites preceptivos que «no consta» que se dieran en este caso, como expone el fiscal.

«De las actuaciones que constan el expediente administrativo se infiere que en las actuaciones administrativas de retorno al Reino de Marruecos de menores extranjeros no acompañados que acudieron masivamente a la Ciudad Autónoma de Ceuta en los días 17 y 18 de mayo, no se han cumplido ninguna de las garantías y trámites exigidos por la legislación española», añade.

De este modo, considera que «dichas actuaciones administrativas de retorno de menores no acompañados constituyen actuaciones materiales de vía de hecho, en cuanto que prescinden total y absolutamente del procedimiento establecido y vulneran trámites y garantías esenciales».

Llega a esta conclusión tras repasar todo el expediente del caso, al que tuvo acceso este diario. Incluye la carta que ha motivado el recurso y en la que la Secretaría de Estado de Seguridad decía a Ceuta y a la Delegación del Gobierno el pasado 10 de agosto que, en nombre del ministro Fernando Grande-Marlaska, procediesen a la repatriación en virtud del acuerdo con Marruecos. El fiscal no entra en si esa carta constituye o no formalmente una instrucción pues entiende que del resto del proceso ya se desprende que hubo una «vía de hecho» que es susceptible de ser impugnada.

Mientras, en Ceuta, la causa sigue. La representación de los nueve menores por los que se paró todo el procedimiento, que ejerce la Coordinadora de Barrios y Fundación Raíces, está en espera de formalizar la demanda por vulneración de derechos fundamentales, según informaron en fuentes jurídicas a ABC.