La Fiscalía no actuará contra Forcadell hasta que el TC se pronuncie

En un escrito fechado el pasado 22 de agosto al que ha tenido acceso ABC , la Fiscalía señala que hasta que el Tribunal Constitucional no resuelva el citado incidente de ejecución, el Ministerio Público no adoptará «las oportunas decisiones en relación con el ejercicio de acciones penales». El fiscal-jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, José Miguel de la Rosa, responde así a la denuncia presentada por la asociación Libres e Iguales, que el pasado 16 de agosto pidió al órgano de dirige Consuelo Madrigal que procediera contra Forcadell por haber permitido la votación de la resolución rupturista.

La asociación que lidera Cayetana Álvarez de Toledo había solicitado a la Fiscalía su intervención en virtud del artículo 124.1 de la Constitución: «El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados (...)».

Fuentes fiscales señalaron a ABC que al estar el asunto en manos del Tribunal Constitucional lo oportuno es esperar al pronunciamiento de este órgano, al que todavía tienen que llegar las alegaciones del Parlamento catalán al incidente de ejecución planteado hace ya un mes por los servicios jurídicos del Estado. La Fiscalía ya se pronunció en el marco de este incidente de ejecución el pasado 10 de agosto, cuando en el escrito dirigido al TC sostuvo que la intervención de Forcadell fue «determinante» de la resolución del Parlament ahora impugnada.

«El ejercicio de sus funciones (como presidenta de la Cámara), en el marco de las advertencias realizadas por el Tribunal Constitucional (...) implicaba un desconocimiento notorio y flagrante de estas resoluciones que pudiera tener relevancia jurídico-penal y cuyo alcance y relevancia se podrá determinar en la vía jurisdiccional competente».

Se refería así el Ministerio Público a la sentencia de 2 diciembre de 2015 que anuló la resolución secesionista aprobada por el Parlamento catalán un mes antes (apercibiendo a 21 altos cargos de la responsabilidad en la que podían incurrir si desobedecían) y al auto del pasado 19 de julio, en el que si bien no se anulaba la comisión de estudios del proceso constituyente, sí se establecían límites a su actuación: advertía especialmente a la Mesa de Cámara de que, «bajo su responsabilidad», debe «impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir los mandatos» del TC sobre la ilegalidad de ir a un proceso de ruptura unilateral con el resto de España sin someterse a los procedimientos de reforma de la Constitución.

Ante estos incumplimientos flagrantes , Libres e Iguales defendió en su denuncia que la actuación de la Fiscalía ya no puede esperar más.