La Fiscalía e Interior tratan de atajar la okupación a marchas forzadas

El auto evidencia, según fuentes jurídicas, que se puede actuar de manera cautelar y devolver las viviendas ocupadas a sus dueños . Pero no es lo habitual y hay miles de casos en los que al tratarse de un delito leve (usurpación) se opta por no adoptar esa cautelar y esperar meses o años una sentencia firme. «Hay que regularlo de forma específica para que no exista esa discrecionalidad», explica el juez José Antonio Vázquez Taín.

Lo que se encuentran quienes se ven en esta tesitura es discreccionalidad e inacción. Ni siquiera hay consenso en si es el orden civil o el penal el que debe asumir estos litigios, y, conforme explica la juez Decana de Madrid, María Jesús del Barco, «a veces a la hora de elegir, el ciudadano lo que mira es en qué orden están más libres de trabajo». Y ni el colapso de la justicia ni la ocupación son problemas nuevos, como tampoco es la falta de diagnóstico , pero parece haber pillado con el pie cambiado a quienes tienen que ponerle freno. Ahora, tanto Interior como la Fiscalía General del Estado, analizan la posibilidad de dictar instrucciones y protocolos que atajen el problema.

El último intento lleva fecha de 20 de agosto. El fiscal jefe de Valencia, José Francisco Ortiz, plasmó en un decreto los criterios de actuación que califica de «necesaria». Tras recordar que «si el inmueble ocupado constituyese morada nos encontraríamos ante un delito menos grave de allanamiento» y « procederá el desalojo inmediato de la vivienda por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado », insta a los fiscales a tirar de medidas cautelares para que el sufrimiento del denunciante no se eternice.

Normalmente, se aplican en delitos más graves, pero el fiscal valenciano, en una medida que cuenta con el aval de la Fiscalía General del Estado, promueve que se solicite en los casos de usurpación una vez constatado de quién es la propiedad. Hay que restituir el derecho. Y en sentencia, se verá.

Este decreto es una excepción en España, salvo por una instrucción del Ministerio Público en Baleares, que ya el año pasado, ante la interpretación «dispar por parte de los órganos judiciales» frente a «un grave problema social y legal que va en aumento» , instó a los suyos a agilizar las diligencias para comprobar la titularidad del inmueble y proceder. Dejaba ya claro que en el allanamiento de morada el cuerpo policial que recibe la denuncia debe desalojar de forma inmediata. No hace falta orden judicial y abarca tanto el domicilio habitual como la segunda residencia, pues la jurisprudencia del Tribunal Supremo lo considera morada. Pese a tratarse del fenómeno menos frecuente y de más fácil solución, es el que más alarma genera.  

Ahora, la Fiscalía General del Estado estudia dictar instrucciones que unifiquen la actuación en todo el territorio. El faro es el decreto de Valencia, visado por la Secretaría Técnica bajo mando de Dolores Delgado y aplaudido porque explora la vía del desalojo cautelar en los casos de ursurpación. Este sí es un fenómeno más extendido y afecta a inmuebles no habitados , ya se trate de parque de vivienda vacía o de casas cerradas.

No obstante, tiene detractores. Promover el desahucio cautelar puede convertirse en una sentencia anticipada y además, no está claro qué pasa en situaciones de vulnerabilidad con viviendas de las que no se hará uso inmediato , una realidad que conforme explica la vocal de la Unión Progresista de Fiscales Dora Cano, «forzosamente hay que ponderar». Para el abogado especializado de Gerona Juan Zapata, esto «abre la vía de facto a la vulneración del Derecho Penal por un problema habitacional que compete a otras administraciones ». Pero ahí está.

No deja de ser un parche: con una planta judicial acorde a las necesidades, « un procedimiento tan sencillo como demostrar quién es el dueño de una vivienda no llevaría más de tres meses , recurso incluido», comenta Celso Rodríguez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Pero si sólo en repartir el asunto se tarda un mes, la cuenta se eterniza, el bien se devalúa y en algunos casos, como los ya narrados por ABC , deriva en problemas graves de orden público.

En este sentido, según ha podido saber ABC el Ministerio del Interior ya está trabajando en un protocolo operativo para que Policía Nacional y Guardia Civil cuenten con directrices comunes y respaldo jurídico ante una okupación . No hay fecha, pero el objetivo es tener las líneas maestras en las próximas semanas. Mientras, se asiste con preocupación al surgimiento de patrullas de ciudadanos convertidos en «policías de desalojos» y a propietarios que toman la ley por su mano.

Las cifras que maneja el departamento de Grande-Marlaska constatan que entre enero y junio se denunciaron de media 41 okupaciones al día . El mayor incremento está en Cataluña y en la Comunidad Valenciana. En la primera se produjeron 3.190 en el primer semestre del año pasado, frente a 3.611 en 2010 que son casi la mitad de toda España. En la segunda han pasado de 496 a 566. Y eso, que según reconocen en la Delegación del Gobierno en Madrid, no es habitual que bancos y grupos inversores denuncien. También hay silencio en algunos particulares. En 2016 creó la Oficina de seguimiento de viviendas okupadas (Osvo) con un coordinador provincial, una figura policial para evitar usurpaciones mafiosas. Este es hoy el foco del problema.